Si uno repasa estos días la sección internacional de muchos medios de comunicación, no le resultará difícil encontrarse con la realidad brutal que representan las crisis humanitarias derivadas de los conflictos que en estos momentos asolan países como República Centroafricana, Siria o Sudán del Sur. En otros escenarios como Somalia o la República Democrática del Congo, las organizaciones humanitarias nos esforzamos en dar testimonio de las consecuencias humanitarias para las poblaciones atrapadas en conflictos enquistados, tras décadas de violencia, para evitar que caigan en el olvido. Tampoco quedan lejos los devastadores efectos del tifón Haiyan de los que la población filipina aún intenta recuperarse. Por no hablar de los más de 3,5 millones de muertes que generan cada año pandemias como el sida, la malaria y la tuberculosis, por falta de acceso a los tratamientos médicos existentes. Son algunos ejemplos de un panorama ciertamente desolador, ante el que es legítimo preguntarse por el papel que juega la cooperación española y, más en concreto, su componente humanitario.
Es bueno recordar que la acción humanitaria tiene por objetivo salvar vidas y aliviar el sufrimiento de personas víctimas de una crisis humanitaria, entendiendo como tal, situaciones en las que se da una excepcional y generalizada amenaza a la vida humana, la salud o la subsistencia. De ahí su inmediatez y trascendencia.
En este sentido, hemos sido testigos directos de cómo durante años la acción humanitaria pública española fue creciendo en fondos, fue dotándose de marcos normativos y competencias propias, más adecuadas a las necesidades que plantea el mundo y cómo pasó a convertirse en una política pública sólida, con claros compromisos internacionales.
También constatamos el propio fortalecimiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y, dentro de la misma, atendiendo a su especificidad, de la Oficina de Acción Humanitaria (OAH).
Sin embargo, vivimos tiempos en los que todos esos progresos se están frustrando, y si vemos la actual respuesta que la cooperación española está dando a todas y cada una de las crisis humanitarias que mencionaba en el primer párrafo de este artículo, llegamos a la triste conclusión de habernos convertido en un país irrelevante entre la comunidad internacional de países donantes.
La ayuda humanitaria pública española ha tenido en tan solo dos años un descenso presupuestario de más del 80%. En un marco general de enorme recorte en las cifras de AOD durante 2012 y 2013, el sufrido por el componente humanitario es todavía mucho mayor, convirtiéndose en la política pública más afectada por la crisis, hasta situarla al borde de la desaparición.
Pese a los avances de la OAH en capacidades técnicas, y el fortalecimiento de los diversos actores humanitarios españoles a través de una mayor profesionalización y experiencia, las cifras en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 siguen otorgando un papel marginal a nuestra acción humanitaria, como resultado a su vez de una creciente incomprensión sobre su papel como instrumento de cooperación.
Las consecuencias de esos recortes se dejan sentir día a día. La respuesta de nuestro gobierno a los llamamientos de Naciones Unidas para cubrir las crisis humanitarias que ahora mismo sufren Sudan del Sur y República Centroafricana, han sido prácticamente nulas. En el caso de Siria, conocimos hace poco el dato de que en la reciente Cumbre de países donantes celebrada en Kuwait, el pasado mes de diciembre, España comprometió 5,5 millones de euros frente a un llamamiento por parte de Naciones Unidas de 4.700 millones. En torno al 0,1%. Leer noticia completa en elpais.com.