La aportación de los usuarios de la dependencia supera a lo que aporta el Ministerio

Un 2,6% de la población española no puede desarrollar las actividades básicas de la vida diaria sin apoyos

Una de cada cinco personas dependientes que entró en lista de espera por tener un grado de dependencia suficiente falleció antes de ser atendida. Este hecho, junto a la disminución del número de personas con derecho a atención, es lo que facilita la reducción de las listas de espera.
Actualmente se atienden al mismo número de personas dependientes que al inicio de la legislatura (julio de 2011).
En España hay más de 1.200.000 personas en situación de dependencia reconocida. Un 2,6% de la población española no puede desarrollar las actividades básicas de la vida diaria sin apoyos de mayor o menor intensidad. En este momento (tras ocho años de implantación) un 40% de estas personas (500.000 personas) no tiene ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, y hay 100. más esperando a ser valoradas.
El Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia está colapsado. Los datos oficiales de cobertura del sistema gestión son negativos. Menos expedientes activos, menos dependientes con derecho (73.800 personas menos en los últimos tres años), menos personas atendidas... En este colapso intervienen diversos factores pero el más directo ha sido el impacto de las medidas de recorte contenidas en el Real Decreto-ley 20/2013 de 13 de julio.
En junio de 2011 había 438.682 expedientes activos de personas con Grado III (gran dependencia) mientras que en noviembre de de 2014 han descendido hasta las 355.747 personas (82.935 menos). Las personas con Grado II de dependencia (dependencia severa) también descienden en casi 30.000 menos desde junio de 2012, mientras que aumentan en 22.000 las personas con Grado I en dicho intervalo temporal.
El saldo de desatendidos asciende a 167.869 personas (18,7% del total de personas con derecho). Ha descendido paulatinamente la lista de espera, pero lejos de ser un indicador de buena praxis del Sistema, lamentablemente no se debe a un incremento de personas atendidas sino al colapso del sistema que frena la entrada de nuevos usuarios y a que desde 2012, una de cada cinco personas con derecho a atención que entró en la lista de espera (más de 100.000) no llegó a ser atendida al causar baja por fallecimiento.
En el último año se entregaron 30.000 prestaciones económicas por cuidados familiares menos. Esto se ha visto compensado con un mantenimiento e incluso ligero incremento de la entrega de servicios. Siendo ello positivo, imposibilita la entrega de servicios a personas en espera por la absoluta falta de inversión pública.
Las atenciones del sistema tienen un coste global de 6.400 millones de euros al año. (6.665 €/año por dependiente atendido. 104 €/año por habitante). De cada 100 euros gastados en atenciones, 63 euros los aportaron las CCAA; los usuarios aportaron 19 euros y la Administración Central aportó 18 euros, de forma que la aportación de los propios usuarios supera por primera vez la de la Administración General del Estado, en una clara perversión de los compromisos de financiación que la propia Ley determina. Así mismo, la disminución proporcional de la aportación del Estado para financiar el Sistema, obliga a las Comunidades Autónomas a realizar un mayor esfuerzo financiero en detrimento de otros servicios sociales especialmente necesarios en el momento actual.
A pesar de la desinversión que se registra, especialmente por parte de la Administración General del Estado, el Sistema muestra una altísima rentabilidad potencial. El ligero incremento de los servicios prestados ha posibilitado mantener el empleo ligado al sector y mejorar los retornos directos obtenidos que ya se sitúan en el 37% (4,6 puntos más que en 2010).Una mínima inyección inversora propiciaría importantísimos beneficios. Por cada 1.000 millones de euros/año invertidos en servicios se recuperarían 440 millones de manera directa y no menos de 100 millones de manera inducida; se crearían 30.000 puestos de trabajo netos y se ampliaría la atención a más de 120.000 personas en espera.