La solución al Castor vive sus últimos episodios. La gran banca y el ministerio de Industria ultiman estos días las condiciones del préstamo de 1.400 millones con el que se indemnizará a ACS, la compañía presidida por Florentino Pérez, por el parón de la explotación del almacén gasista, un cese de actividades que parece ser el preámbulo de su cierre definitivo. El acuerdo está cercano, pese a que aún restan algunos flecos de la operación por concretar. Incluso la solución definitiva al Castor podría aprobarse en este próximo Consejo de Ministros o, a más tardar, en el primero que se celebre en octubre. Hay dos aspectos que aún están sobre la mesa de negociación. Uno de ellos se refiere a la duración: se negocia un intervalo de devolución de entre 25 a 30 años. Tampoco está definido el tipo de interés fijo que percibirán las entidades anualmente. Estará más cercano al 4% que al 3,5%, según confirman varias fuentes, pero aún se negocia el diferencial que se aplicará a la rentabilidad al bono del Tesoro a 30 años, que como sucede con la solución de las radiales, es la referencia que se toma en este tipo de negociaciones. Por tanto, la rentabilidad de la banca será dinámica a lo largo de la vida del préstamo, en función del precio del bono soberano, por lo que las negociaciones están centradas ahora en ese diferencial que asegure a lo largo de los próximos 25 ó 30 años ese retorno cercano al 4%. Aún así, desde los bancos insisten que estos detalles se perfilarán en los próximos días y no entorpecerán un acuerdo que está prácticamente cerrado.
La banca, sin embargo, no ha logrado que este préstamo sindicado cuente con el aval del Estado. Hacienda no quiere que la millonaria indemnización por el cierre del Castor eleve el nivel de deuda pública y, por ende, pueda repercutir en el objetivo de déficit marcado por Bruselas. A pesar de esta negativa, las entidades consideran un buen negocio la operación. No en vano, los bancos recibirán a cambio del préstamo de 1.400 millones de euros que concederán al Ministerio de Industria para que pague a ACS su indemnización unos derechos de cobro con cargo al sistema gasista. El modelo que se está pergeñando es similar al de la titulización de la deuda eléctrica. Los compradores de esta deuda reciben una rentabilidad anual que procede del sistema eléctrico vía peajes. Éstos los costean las compañías eléctricas, pero luego se los cargan al recibo de la luz. Algo similar ocurrirá con el diseño de la indemnización del Castor. Las empresas gasistas, desde el operador del sistema, Enagás, a Gas Natural pasando por Iberdrola, Galp y otras compañías de tamaño medio, abonarán a las entidades financieras la rentabilidad pactada vía peajes del sistema de gas. Posteriormente, estas compañías trasladarán estos cargos al recibo de gas, con lo que los verdaderos pagadores de la indemnización al grupo controlado por Florentino Pérez serán los consumidores finales. Al final se ha impuesto la idea defendida por el ministro de Industria, José Manuel Soria, que tras la negativa del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, de llevar a los Presupuestos del Estado el problema del Castor, apostó por la idea de cargar a los consumidores el coste total de la indemnización. Eso sí, para que se note lo menos posible en el recibo, y al más puro estilo de la moratoria nuclear de los ochenta, los pagos se irán cargando mes a mes durante el periodo de vigencia del préstamo aportado por los bancos, entre 25 y 30 años. Leer noticia completa y seguir hilo de debate en vozpopuli.com