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 08/12/2015

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La demolición de la 'Ley de dependencia'. La promesa cumplida de Rajoy

Un recorte acumulado en cuatro años del Gobierno de más de 2.000 millones de euros


Al finalizar el proceso oficial de implantación del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), con la incorporación de los Dependientes Moderados el 1 de julio de 2015, tras 9 años de desarrollo de la Ley y dos retrasos en su calendario de aplicación progresiva promovidos por el actual Gobierno, ésta es la situación, coincidiendo con el final de la legislatura,  de acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles.
1º.- Personas que necesitan recibir atenciones del Sistema por el reconocimiento de su situación de dependencia: 1.178.483 (2,5% de la población), 105.197 menos que en el inicio de la legislatura (julio de 2012).
2º.- Personas atendidas: se ha mantenido en los tres últimos años en torno al número de beneficiarios actuales 779.373. 1.163 menos que en el inicio de legislatura (julio de 2012).
3º.- En consecuencia, el Sistema no es capaz de atender a 400.000 personas con derecho reconocido, un 34% de sus potenciales beneficiarios. La lista de espera ha aumentado en 156.761 personas desde el inicio de la legislatura (julio de 2012).
4º.-. Más de 100.000 personas han fallecido desde 2012 sin recibir las atenciones a las que tenían derecho reconocido. Esta tragedia ha resultado muy “conveniente” para reducir de las listas de espera (lo que inexplicablemente se sigue vendiendo de forma cruelmente triunfalista).
5º.- Fruto de las “reformas” y recortes, el Sistema ha colapsado de manera que los nuevos atendidos no lo han sido en virtud de su derecho, sino que dependen de las bajas que se producen. El Real Decreto de Julio de 2012 supuso que de la paralización y estancamiento se pasase a un retroceso y demolición encubierta del Sistema de Atención a la Dependencia. Desde esa fecha, las solicitudes se han reducido en 36.333 y los dictámenes en 39.334.
6º.- La aplicación del nuevo baremo ha supuesto que actualmente haya -64.211 grandes dependientes-,16.794 dependientes severos y -24.200 dependientes moderados, aumentando un 5% el número personas valoradas que no obtiene grado +65.871 (21,5%)
7º.- Actualmente hay 359.205 cuidadores familiares, 83.302 menos que en julio de 2012 y a las que desde ese año se les ha recortado al menos un 15% la prestación económica (de 320 € al mes a 270€ de media). Además se han expulsado de la seguridad social del convenio especial de cuidadores no profesionales a más de 165.000, ya solo quedan 11.527 cuidadoras cotizantes. Tampoco tienen apoyos de servicios profesionalizados, ni periodos de descanso, ni formación…
8º.- Después de haber suprimido el nivel acordado de financiación y de reducir el nivel mínimo, (el recorte acumulado en estos cuatro últimos años es de más de 2.000 millones de euros) un incremento de tan solo 75 millones de euros en los Presupuestos Generales para dependencia en 2016, es la antesala de una forzosa y sistemática violación del derecho a atenciones de 400.000 personas en el limbo de la dependencia.
9º.- El modelo de financiación del sistema es tramposo. La financiación estatal (estimada actualmente en un 18%) incumple lo que la ley establece (50%) y es claramente insuficiente, lo que se ha empeorado con un brutal recorte que el Gobierno reconoce sin ambages en la actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018. La falta de inversión estatal en la atención a la dependencia ha provocado en las CC.AA tensiones presupuestarias insoportables.
10º.- Las diferencias entre territorios en aspectos tan básicos como la valoración, el plazo de acceso a los servicios o los diferentes copagos, son escatológicas. Hay dependientes de primera, segunda o tercera, dependiendo de la comunidad en que se resida.
11.- La mala implantación de la Ley de dependencia merece un análisis profundo del impacto negativo de género. La OCDE lleva tiempo alertando sobre la intensidad desmedida de los cuidados familiares en España (asumidos casi exclusivamente por mujeres).
12º.- Un mal sistema público de atención a la dependencia en España favorece el avance de subproductos financieros (seguros privados de dependencia) con pingües ventajas fiscales, y cuya aportación al Estado de Bienestar debe ponerse seriamente en duda.
Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales


 
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