Después de encadenar un ajuste tras otro y pese a la brutal sequía sufrida en la financiación, los esfuerzos de la economía española para desendeudarse no funcionan. Como una bola de nieve imposible de detener, la deuda de Estado, empresas y familias ha alcanzado a finales de 2012 el 272 por ciento del PIB tras cinco años de crisis, muy por encima del 234 por ciento en el que se situaba a cierre de 2007, según los datos de financiación ofrecidos por el Banco de España.
Incluso si se calcula con los guarismos disponibles del primer trimestre de este año dividiéndolos por la proyección de PIB del Ejecutivo, ésta continúa enquistada a marzo de 2013 en la misma cota del 272 por ciento del PIB. Y si a esta carga se le suman los pasivos de los bancos en préstamos y valores distintos de acciones, que en muchos casos luego se han prestado a los sectores productivos del país y por lo tanto se están contando dos veces, el montante asciende al 382 por ciento del PIB.
Y según el sistema que se emplee, otras estimaciones menos conservadoras elevan la cifra hasta el entorno del 425 por ciento del PIB. Unas cantidades, cualesquiera que sean los baremos, casi imposibles de amortizar y que nos colocan en una posición muy vulnerable en cuanto se desate en los mercados un nuevo proceso de aversión al riesgo.

La voracidad del Estado
De poco vale que el sector privado logre rebajar pasito a pasito su endeudamiento, pues todos sus avances son neutralizados por la espiral al alza que ha tomado la deuda pública española. Desde el comienzo de la crisis, ésta ha engordado la friolera de medio billón de euros, casi 50 puntos de PIB, desde el 36 por ciento del PIB registrado en 2007 hasta el 84 por ciento anotado en 2012.
Sólo el año pasado, el endeudamiento de las Administraciones aumentó en 15 puntos del PIB, unos 150.000 millones. Y en lo que llevamos de 2013, el Estado se ha endeudado a un ritmo equivalente a los 16 puntos del PIB, alcanzando en mayo por primera vez el 89,5 por ciento del PIB, una cifra que roza peligrosamente el objetivo del Gobierno fijado en el 90 por ciento para todo el año. En resumen, Rajoy se está endeudando incluso a una velocidad más rápida que Zapatero, tal y como avanzó Vozpópuli.
Y si bien es cierto que el Tesoro ha aprovechado el paraguas del BCE para adelantarse y captar ya el 70 por ciento de todas sus necesidades previstas para el conjunto del ejercicio, también hay que tener en cuenta que se ha programado un nuevo plan de proveedores y que se antoja muy factible que antes de final de año la banca pueda precisar otra ronda de inyección de fondos: es decir, todo ello podría consumir buena parte de ese colchón acumulado y situaría la deuda en niveles superiores a los pronosticados por el Ejecutivo. 
El coste de los intereses de la deuda pública equivaldrá en 2014 a todo el gasto de los Ministerios, unos 36.000 millones de euros. Y ello pese a que el tipo medio que estamos abonando se encuentra en niveles históricamente bajos. O dicho de otro modo, pagamos tanto en concepto de intereses porque soportamos mucha deuda, no porque los intereses sean tan altos. De lo que a todas luces se infiere que el problema ya es el ingente tamaño de la deuda.

La relación entre deuda privada y pública
Durante la década del 2000, el Estado español protagonizó uno de los mayores ajustes fiscales de la historia y su deuda se redujo hasta el 36 por ciento del PIB. Sin embargo, tamaño hito tenía truco: mientras que la cantidad bruta de deuda pública se congeló, el Producto Interior Bruto se disparó.
Esto es, el saneamiento de las finanzas públicas se pudo acometer gracias al endeudamiento de los sectores privados, que a su vez generaban mayores bases imponibles sobre las que la Hacienda podía recaudar mayores ingresos. En esos momentos, la fiscalidad se orientó con especial ahínco a ordeñar el sector inmobiliario, aprovechando el IBI, la licencia de construcción, los impuestos por Transacciones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el IVA de las ventas de vivienda o incluso las ventas de terrenos por parte de los ayuntamientos.
Al mismo tiempo, dentro del euro las empresas españolas disfrutaban de unas tasas de interés negativas tras descontar la inflación, por lo que tuvieron todos los incentivos para endeudarse. Como así lo hicieron, con el resultado de que hoy día nuestras compañías son las más apalancadas del mundo, en especial las grandes.
Debido a un sistema fiscal que incentivaba la inversión en el exterior, las multinacionales españolas se lanzaron al abordaje de numerosos activos en extranjero. De hecho, según los números de Bloomberg y una vez se resta la banca, las compañías del Ibex aún acumulan a junio de 2013 unos 203.000 millones de deuda neta.
El conjunto de las sociedades no financieras españolas es el sector que ha conseguido llevar a cabo la mayor reducción de deuda. En parte a fuerza de desinversiones, en parte al incurrir en quiebras, en parte al recurrir a la dación en pago de sus activos apalancados y en parte porque han parado toda la inversión, entre 2010 y 2012 las empresas han logrado el increíble hito de amortizar su carga financiera en 15 puntos del PIB, unos 150.000 millones. Lamentablemente, es lo comido por lo servido y esta cantidad bestial la toma prestada el Estado en un solo año, por lo que nos encontramos bastante lejos del momento en que se estabilice toda la carga de deuda. 
Por otra parte, las familias están recortando sus obligaciones financieras a un paso algo más lento. De acuerdo con los datos de contabilidad nacional, los despidos y las rebajas de sueldos han provocado un deterioro de las rentas salariales de alrededor de 20.000 millones de euros desde el comienzo de la crisis. Y según las bases declaradas a Hacienda, los hogares han perdido en los últimos cuatro años unos 40.000 millones en rentas. Si a eso añadimos que las tasas de ahorro, aquello que no destinan al consumo, han descendido a mínimos históricos de entre el 5 y el 8 por ciento, todo ello explica que las familias apenas cuenten con recursos con los que poder desendeudarse.
Desde el pico del 86 por ciento del PIB en 2009, sólo han conseguido rebajar un punto del PIB en 2010, cuatro puntos en 2011 y otros dos en 2012. En el transcurso de 2013, los hogares han disminuido lo que adeudan en unos 20.000 millones y el total asciende a los 811.968 millones de euros, de los que algo más de 600.000 millones corresponden a préstamos hipotecarios.
A su vez, durante los cinco años de crisis, la banca sigue elevando sus pasivos en forma de préstamos y valores distintos de acciones. Aunque muchos de estos fondos se han empleado en prestarle a las familias, las empresas y ahora sobre todo al Estado y por lo tanto sería como contabilizar la deuda dos veces, estos pasivos han subido en 16 puntos del PIB hasta el 112 por ciento del PIB.
En conclusión, si antaño la deuda se traspasó al sector privado, ahora no hay margen, y es el Estado el que hace frente a las facturas vía transferencias a la banca y el Estado del Bienestar, lo que imposibilita que en algún momento se pueda aminorar la presión fiscal y despierta todo tipo de incertidumbres sobre los riesgos de cualquier activo sito en nuestro país, alimentando a su vez la fragmentación financiera por la cual no tenemos ningún tipo de crédito destinado al sector privado, haya o no un negocio solvente de por medio.

La gran amortización
¿Y cómo se afronta la salida de este atolladero? Se puede intentar de tres maneras. La primera y más obvia es la quita. Pero salvo por el caso de Grecia, ésta no se contempla en la agenda política.
Otro método consiste en imprimir billetes y generar una inflación que diluya el peso de las deudas. No obstante, en la actualidad ésta no se puede generar fácilmente. Hay una trampa de liquidez en la que por más que se impriman billetes, éstos no circulan, debido a que los bancos están zombis y las expectativas de inversión son negativas y, por lo tanto, se guarda el dinero para otro día o éste se escapa a determinadas burbujas o hacia otros países con mejores perspectivas.  Antonio Maqueda.  Leer noticia completa en vozpopuli.com