La Generalitat Valenciana recurre una sentencia que reconocía la discapacidad de un joven de 20 años

"La consellería de Bienestar Social no otorga el grado de discapacidad real a las personas dependientes"

La justicia reconoce la discapacidad de Adrian, un joven de 20 años con síndrome de Asperger. La Generalitat Valenciana, a través de la consellería de Bienestar Social, ha recurrido la sentencia. Valle Palomino, la madre de Adrián, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para mostrar su malestar y disconformidad. "La Generalitat le otorgaba a mi hijo un grado de discapacidad del 41%, cuando con la ley en la mano le corresponde tener un 68%", ha declarado. Su enfado es notable al comprobar que se va a alargar el proceso "por lo menos 9 meses más"; es consciente de no poder "cantar victoria", califica de "tener poca vergüenza" la actitud de la Generalitat y sentencia que "nos están quitando nuestros derechos".
El grado de discapacidad que la administración reconoce es importante, puesto que supone la diferencia entre tener una pensión y acceso a programas públicos específicos de atención y tratamiento a no recibir nada. Algo especialmente grave, según Sara Pla, psicóloga voluntaria de la Asociación Síndrome Asperger de La Ribera (ASARI), "algunos de los niños y mayores, diagnosticados con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) no son capaces de valerse por sí mismos. Pueden desarrollar tareas sencillas bajo supervisión en los grados más leves de la enfermedad; otros, en cambio, en los grados más profundos presentan también retraso mental y son grandes dependientes. Adrián puede vestirse, comer y desarrollar algunas tareas, pero ha tenido que dejar el instituto; hoy es una persona dependiente".
Por su parte, Carles Aranda, abogado de la familia en todo este proceso, manifestó sentirse satisfecho por el desarrollo del juicio, "la consellería de Bienestar Social no otorga el grado de discapacidad real a las personas dependientes, obligando a sus familias a recurrir a la justicia para hacer valer sus derechos".
Según Aranda, el equipo de valoración que depende directamente de la Generalitat determina por sistema que el TEA no es una enfermedad grave, a pesar del criterio de los profesionales de la sanidad pública. Además, en el caso de Adrian ha ignorado los informes del perito aportados por la familia, "informes que si ha tenido en cuenta la jueza en detrimento de la escasa documentación que aportó la Generalitat".
El caso de Adrián no es único en ASARI. El 90% de sus asociados no tienen reconocido el grado de discapacidad que les corresponde por Ley.