Una 'caja B', un extesorero y mucho dinero negro. La 'Operación Cirene' que este lunes ha concluido con la detención de 14 personas y el registro de cinco empresas y un domicilio particular ha permitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destapar la principal vía ilícita de financiación de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Andalucía en los últimos doce años. Ésta no era otra que librar facturas falsas o infladas que posteriormente se cargaban a la Junta de Andalucía como gastos de los cursos de formación para el empleo que impartía el sindicato. De este modo, el dinero público acababa en un 'bote' cuyos fondos servían para pagar todo tipo de gastos de la organización. Al frente de la trama, los investigadores sitúan a Federico Fresneda, máximo responsable de las finanzas del sindicato durante quince años. Él era el 'Luis Bárcenas' de este supuesto sistema de financiación irregular.
Fresneda, que fue detenido ayer en Canarias donde pasaba unos días de vacaciones, es señalado, de hecho, como el creador de esta práctica que se extiende al menos desde 2002 y que fue "perfeccionando en el trascurso del tiempo", según la Guardia Civil. En el mismo, eran pieza clave los empresarios de confianza de Sevilla, Jaén y Madrid con los que el sindicato contrataba de manera sistemática determinados servicios y suministros. Algunas de estas empresas ofrecían jugosos descuentos a la UGT que, sin embargo, no debían reflejarse nunca en las facturas. De este modo, éstas quedaban 'infladas' por importes más elevados de lo que finalmente recibían como pago.
Más adelante, y tras modificar a conveniencia el concepto de las mismas, éstas eran incorporadas a los expedientes de los cursos de formación para el empleo que el sindicato tenía adjudicados para que la Junta de Andalucía las abonase como parte de los gastos de la enseñanza. En algunos casos, incluso ni siquiera había contrapartida real detrás de la partida y reflejaban, por ejemplo, el alquiler de aulas para impartir las clases que nunca se ocupaban. El dinero que el Gobierno regional pagaba de más era el que presuntamente nutría la 'caja B' de la UGT hasta convertirse en "la vía más importante en la financiación de este sindicato", según la describe la propia Guardia Civil.
Seis empresas, diez directivos
En la trama participaban supuestamente los diez empresarios detenidos (cuatro en Sevilla, cinco en Madrid y uno más en Jáen) quienes, a cambio de entregar la facturas con sobreprecios y manipuladas, se aseguraban a la UGT como clientes habituales. En esta trama participaban de un modo más intenso las tres mercantiles localizadas en Sevilla, epicentro de la trama, según fuentes cercanas a la investigación. Se trataba, en concreto, de Chavsa, dedicada al interiorismo de oficinas y a la que Fresneda recomenda acudir a sus subordinados en el sindicato cuando había que justificar gastos; la agencia de viajes Macarena, con la que la UGT solía contratar buena parte de sus desplazamientos, y Lienzo Gráfico SL, centrada en los trabajos de impresión.
La cuarta sociedad investigada era KND, de Jaen, especializada precisamente en impartir cursos de formación, y que hace tiempo admitió haber pagado supuestamente comisiones a UGT Andalucía e, incluso, haber fraccionado pagos en una quincena de cheques de menos de 3.000 euros para evitar los controles del Banco de España. Las compañía restante tenía su sede en Madrid. Se trata de Servicios de Información y Organización SA (SIOSA), una empresa informática. Junto a las sedes de todas ellas, la Guardia Civil también registró el domicilio particular de Fresneda en el sevillano barrio de Los Remedios.
En este trama jugaban presuntamente un papel clave tres compañeros del extesorero de la UGT. Todos ellos ocupaban puestos de administrativos en el departamento de finanzas del sindicato y eran los encargados de dar instrucciones concretas a los empresarios sobre qué conceptos concretos debían plasmar en sus facturas, el importe que debía figurar e, incluso, cuando tenían que hacer una ex profeso, según diversos correos electrónicos intervenidos durante la investigación que precedió a las detenciones de ayer. Uno de estos arrestados es Dolores S., exjefa de compras del sindicato y cuya firma aparece en numerosa documentación relacionada con la presunta falsificación de facturas que se intervino ya en diciembre, durante el registro que la UCO hizo a la sede sevillana del sindicato.
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