FACUA-Consumidores en Acción critica que la Ley de segunda oportunidad en lugar de ayudar a que más personas puedan evitar perder su vivienda habitual por una deuda hipotecaria imposible de afrontar es, en realidad, más restrictiva para los usuarios que desean acceder a las medidas de reestructuración de la deuda hipotecaria. La nueva ley aprobada como Real Decreto está actualmente en tramitación en el Congreso como Proyecto de Ley.
La supuesta gran medida del Gobierno para evitar el drama de los desahucios impone unas condiciones que, comparadas con las de las normas que existían con anterioridad y que esta nueva ley sustituye, son aún más difíciles de cumplir, añade la asociación.
La nueva norma cambia los requisitos que se exigen para poder reestructurar la deuda hipotecaria y modifica el baremo referido al precio de adquisición de la vivienda. FACUA critica que, en  la práctica, este cambio supone que haya menos viviendas que puedan acceder a las medidas propuestas por el Gobierno supuestamente para ayudar a las familias en peligro de perder su vivienda por la deuda hipotecaria, porque usando los nuevos criterios, las viviendas más pequeñas quedan fuera.
El proyecto de ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (procedente del Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero) que actualmente está en tramitación en el Congreso modifica, entre otros, el artículo 5 del Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, una de las normas que cambia.
Para poder acceder a las medidas de reestructuración de deuda, el nuevo artículo 5 remite al índice de precios de la vivienda elaborado por el Ministerio de Fomento para el año de adquisición del inmueble, un indicador elaborado por provincias, sin distinguir por municipios. Esto hace que se igualen precios de municipios con una enorme variación de precios por metro cuadrado entre ellos y en consecuencia se perjudique a las viviendas de menor valor, critica FACUA. La asociación considera que un indicador así resulta demasiado genérico, cuando incluso la variación de precios dentro de un mismo municipio puede quintuplicarse de un barrio a otro.
 
Las viviendas pequeñas, las más perjudicadas
Así ocurre, por ejemplo, en la provincia de Málaga, donde FACUA ha elaborado un estudio comparativo según los requisitos de la norma indicados en el artículo 5. La asociación ha llevado a cabo una simulación tomando todos los precios publicados por el Ministerio de Fomento desde el año 1995 y aplicando el 20% que establece la norma para calcular el límite, considerando el límite absoluto de 300.000 euros en los supuestos que lo superaba. Además, la simulación ha tomado en cuenta viviendas tipo de 60, 90 y 120 metros cuadrados construidos.
De la comparativa efectuada, FACUA concluye que las viviendas pequeñas son las más perjudicadas, mientras que las más favorecidas son las de mayor superficie. La asociación considera lamentable que una norma anunciada por el Gobierno como de alivio para las personas que peor están viviendo la crisis no beneficie directamente a este colectivo.
La asociación critica que el nuevo tope de precios establecido en la nueva norma no considera, tampoco, que la mayor parte de las hipotecas que podrían acogerse a la medida fueron firmadas en pleno proceso de burbuja inmobiliaria, en un momento en el que los precios eran establecidos por un mercado controlado por la banca, y resultaban muy elevados.
Por otro lado, si se trata de ayudar a las familias más vulnerables, FACUA considera que la nueva norma debería contar entre sus criterios con el número de personas que habitan la vivienda, algo que recogía la ley anterior y que la nueva no contempla.
Igualmente, se ponen trabas a la eliminación de la cláusula suelo (aquella que limita las bajadas de los tipos de interés en la hipoteca, normalmente referenciados al Euríbor) y sólo la contempla para las personas que se encuentren en el umbral de exclusión. Sin embargo, la asociación recuerda que ya existe una sentencia del Tribunal Supremo que indica su nulidad siempre que haya falta de transparencia, algo que ocurre en la inmensa mayoría de los casos, dado que la aceptación de dicha cláusula no suele ser negociable, sino impuesta por el banco para la concesión de la hipoteca.
Por todo esto, FACUA denuncia que, a pesar de ser presentada como una norma para aliviar a las familias más castigadas por la crisis, la ley de segunda oportunidad no les pone en realidad más que trabas para acceder a las medidas que anuncia.