Es difícil, muy difícil, hablar de democracia, de hábitos y ética democrática, cuando el partido que gobierna se cree legitimado para imponer decisiones ideológicas extremas que no estaban en el programa por el que ganó las elecciones arguyendo el hecho de tener mayoría absoluta en el Parlamento cuando esa mayoría nace del engaño y, con toda probabilidad, de la financiación ilegal de su campaña electoral. A los comicios se debe acudir con las cuentas muy claras, transparentes, diáfanas, pero también con la firme voluntad de cumplir el programa que se ha ofrecido a los ciudadanos, porque en él está el origen de su poder. Todos oímos una y cien veces al actual presidente del Gobierno afirmar que no recortaría en Sanidad, Educación y pensiones, todos hemos comprobado la brutalidad de los recortes en esos sectores básicos y cómo el partido bajo sus órdenes ha iniciado la más salvaje privatización de servicios públicos hasta ahora conocida. ¿Es legítimo un gobierno que gana las elecciones engañando a sus electores, haciendo lo contrario a lo que promete y que se financia de manera extraña y oscura? Me parece que la pregunta se responde por sí sola: No, la mayoría, por muy absoluta que sea, no permite hacer lo contrario de lo que se dice ni, mucho menos, desarrollar un corpus legislativo enemigo de los más elementales derechos democráticos. La democracia no puede ser un instrumento para acabar con la democracia.
En España todavía hay libertad de expresión. Con cautela y con cuidado ante las posibles sanciones administrativas y judiciales –recordemos el caso de Pablo Hasel-, podemos expresar lo que pensamos en internet, en la calle o entre amigos. Sin embargo, no existe libertad de prensa dado que la totalidad de la prensa escrita de mediano alcance y de las televisiones –que siguen siendo el principal medio de “formación” de opinión- tienen un sesgo ideológico indudablemente derechista y, por ello, sujeto a las consignas e instrucciones doctrinarias del poder. Queda el rincón digital, pero por mucho que imaginemos su influencia es, a día de hoy, pequeña. Una prensa libre y crítica es condición sine qua non para el desarrollo democrático de un Estado; por el contrario la ausencia de ésta, es la premisa sobre la que se cimenta el doctrinarismo autoritario y, a medio plazo, el totalitarismo. Es en este contexto donde desarrolla su acción de gobierno Mariano Rajoy y el Partido Popular –también el nacionalismo catalán-, ajeno tanto a las demandas ciudadanas como a su sufrimiento aunque la propaganda mediática se empeñe en hacernos creer lo contrario. En los dos años y medio de gobierno del Partido Popular la deuda pública –en la que se incluye el rescate a los bancos- ha pasado del 70 al 96% sin que ello haya repercutido en la mejora de las condiciones de vida de los españoles porque ese incremento no ha servido para dar vivienda al que la había perdido, sino para movilizar a jueces, funcionarios y policías en la ejecución de desahucios y lanzamientos; porque tampoco se ha invertido ni un solo euro en un plan de choque contra el paro cuando en palabras del Nobel Stiglitz estamos inmersos –digan lo que digan los voceros del poder- en una crisis más intensa que la Gran Depresión de 1929, y sí muchos millones en desregular el mercado de trabajo y fomentar la precariedad laboral, esa que no permite vivir de lo que uno hace, esa que amenaza cada vez más la viabilidad de nuestro sistema integral de Seguridad Social; porque se sigue gastando en armas y en mantener a la iglesia Católica lo que haría falta dedicar a Educación laica, Investigación, Desarrollo e Innovación; porque se destinan cantidades cada vez mayores de dinero para favorecer el negocio de los colegios y las clínicas concertadas y confesionales en detrimento de lo público, porque, en definitiva, la única respuesta del actual Gobierno a la miseria de millones de personas ha sido llenar las calles de todas las ciudades de España de policías pertrechados a la última moda represiva. Pedro Luis Angosto. Leer noticia completa en nuevatribuna.es.