La Policía halla fraude en el 90% de los cursos en siete provincias andaluzas

En muchos de estos cursos, existía un compromiso posterior de contratación que según fuentes policiales casi nunca se cumplía

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investiga los cursos de formación en siete provincias de Andalucía (todas menos Sevilla), a través de la operación Edu, ha encontrado fraude en, al menos, el 90% de los expedientes que ya ha examinado, después de interrogar en la la región a unos 2.500 alumnos. Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a este periódico que los agentes desplazados a las comisarías andaluzas han concluido ya el interrogatorio de los alumnos y que en unos días iniciarán el de los profesores, según avanza en su edición de hoy el diario Vózpopuli. Las fuentes detallan que finalmente los agentes han interrogado al 80% de los alumnos que tenían previsto y que en su testimonio han descubierto fraude en el 90%. Los agentes le han preguntado a los alumnos sobre los cursos y si finalmente recibieron el material y los conocimientos que esperaban, y si incluso detectaron que pudiese haber fraude. En muchos de estos cursos, existía un compromiso posterior de contratación que según fuentes policiales casi nunca se cumplía. El trabajo de la Policía Nacional está siendo muy metódico y sigue el mismo esquema que el que comenzó a desarrollar en Málaga. Así, primero han sido los interrogatorios a los alumnos, para continuar posteriormente con los profesores y acabar finalmente con los responsables de las empresas que impartían los cursos de formación, los funcionarios y los responsables de la Delegación Provincial de Empleo. Las investigaciones que durante estos meses ha desarrollado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se han descentralizado y dividido por los diferentes juzgados de todas las provincias andaluzas, en donde se sospecha que hubo fraude en los cursos de formación que se gestionaban a través de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta.
Los agentes han seguido con su investigación, a pesar de que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha pedido al Ministerio del Interior que aparte a la Policía Nacional de un caso que considera que es exclusivamente de la Guardia Civil. El Ministerio ya ha contestado a la jueza que el caso que investiga la Policía es distinto al que desarrolla la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La respuesta a Alaya se se sostiene en dos pilares fundamentales: el primero, que su investigación ya está judicializada, es decir, que está siendo dirigida por otros ocho jueces de instrucción en otras tantas provincias de Andalucía, algo que ya conocía la juez. Y lo segundo, que el sistema de control interno del Ministerio del Interior para no ‘pisar’ investigaciones no alertó de que la Guardia Civil también investigaba al exconsejero Ángel Ojeda, al que detuvo la Policía este verano. En concreto, el Ministerio asegura que el equipo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que inició hace dos años la bautizada operación Edu ya se puso en contacto en su día con las altas instancias judiciales para ver qué administración de justicia era la competente para dirigir sus operaciones. Así, los policías se llegaron a sentar con la Fiscalía Anticorrupción, que determinó que lo mejor para la causa era trocearla en cada una de las ocho provincias de Andalucía. Así, se empezó por Málaga, que fue el lugar del que procedió la primera denuncia sobre el supuesto fraude en los cursos de formación. Desde Málaga, y al observar un proceso de defraudación de fondos públicos similar en toda Andalucía, los agentes extendieron la causa al resto de Andalucía. Anticorrupción no entendió procedente elevar la causa a la Audiencia Nacional. Antes de hacerlo, el equipo de la UDEF entregó, tras previa consulta con la Fiscalía Anticorrupción, una copia de las diligencias que desarrollaba en cada uno de los ocho juzgados decanos de Andalucía. Estos juzgados, a su vez, designaron a los magistrados que por turno iban a dirigir las investigaciones. De hecho, ahora los policías siguen las instrucciones de los jueces, según argumentarán en su respuesta a la juez Alaya. Leer noticia completa y seguir hilo de debate en andalucesdiario.es