Panrico, Coca-Cola o Fagor recibirán subvenciones públicas de hasta 1.800 euros por cada contrato que firmen mañana a jóvenes menores de 25 años, simplemente porque sus últimos despidos tienen más de un mes de antigüedad. Así lo establecen las “medidas de fomento de la empleabilidad y la ocupación” del Real Decreto-Ley aprobado por el Ejecutivo este fin de semana que permiten a todas las empresas cobrar dinero público mientras no hayan despedido “en los 30 días naturales anteriores a la celebración del contrato”. En términos prácticos, el texto aprobado por el Ejecutivo permitiría a una empresa despedir a sus trabajadores más antiguos el día 1 de agosto y cobrar subvenciones de hasta 1.800 euros por contratar a menores de 25 años el día 31 del mismo mes, según fija la redacción aprobada por la vía de urgencia por el Ministerio de Empleo. Los expertos en Seguridad Social consultados por Vozpópuli critican lo que definen como un “cortísimo periodo de enfriamiento” y auguran que la medida puede tener un efecto indeseado: “se va a pagar con fondos públicos el abaratamiento de plantillas”, denuncian. Los detalles del sistema plantean un segundo problema y es que tampoco imponen límites al “encadenamiento de subvenciones”. Así, el B.O.E. establece que “la duración de la bonificación será de 6 meses, estando obligada la empresa o el trabajador autónomo a mantener al trabajador al menos seis meses desde el inicio de la relación laboral”. En la práctica, será posible contratar a un joven y cobrar los 1.800 euros de subvención pública, susituirlo por otro y cobrar otros 1.800 euros más durante seis meses para repetir el ciclo hasta el año 2016, cuando el Gobierno prevé que expire el programa.

Cesión de datos personales a las ETTs
Otro aspecto de la letra pequeña que contempla el plan del Ejecutivo y que el Gobierno “olvidó” mencionar es el de la cesión a empresas privadas de lo que constituirá la mayor base de datos pública sobre jóvenes y empleo en España. En el artículo 103 del Real-Decreto Ley 8/2014, se contempla que el Ministerio de Empleo realizará una “cesión” de toda la información que recopile para poner en marcha su “Sistema Nacional de Garantía Juvenil”. Según la estimación del propio Gobierno en su Real Decreto-Ley, las Empresas de Trabajo Temporal podrán engrosar sus bases de datos privadas con la información de hasta 845.000 jóvenes “no ocupados que tampoco están recibiendo educación o formación” y que formarán parte de un registro público.  Entre la información a la que se dará acceso a las ETTs figuran no sólo los datos personales de los jóvenes como el nombre, apellidos, DNI, E-Mail o fecha de nacimiento sino también las llamadas “circunstancias sociales” definidas como “características de alojamiento, permiso de conducir y propiedad de vehículo” así como los “intereses, preferencias o inquietudes profesionales de los usuarios”. El Real Decreto-Ley no impone al sector privado ningún límite en el uso de esa información. Leer noticia completa y seguir hilo de debate en vozpopuli.com