En el campo de batalla que es la política, el 'caso Gürtel' no es, aunque lo parezca, una bomba nuclear de un solo uso. Ni siquiera en aquellos momentos, como el pasado miércoles, cuando hizo tambalearse los cimientos de Génova 13. Sus efectos, por el contrario, se extienden en el tiempo en una sucesión de explosiones que, como las minas enterradas en el camino, estallan cuando menos se las espera. Y eso lo saben bien en el PP, donde la última detonación del juez Pablo Ruz, el auto que ha provocado la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, les pilló desprevenidos y a menos de 24 horas de que Mariano Rajoy compareciera en el Congreso para hablar, precisamente, de medidas contra la corrupción. Nadie sabe cuándo se producirán las próximas deflagraciones, sólo que aún hay ocho por producirse.
- Gürtel, capítulo II. Cuando el pasado mes de julio el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, decidía 'trocear' la pieza principal del sumario en dos marcaba muy claramente qué parte temporal de la investigación abarcaba cada una de ellas. Así, la primera, la que provocó la salida de Mato del Gobierno, se centraba en hechos acaecidos entre 1999 y 2005 (algunos de los cuales se extienden a años posteriores como los movimientos de dinero en Suiza de Bárcenas) y afectaba a las actividades de la trama en las comunidades de Castilla y León y Madrid, así como en los municipios de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y la ciudad malagueña de Estepona. Quedaban en esta parte del sumario 45 imputados (que el miércoles redujo a 43) de los más de 100 que existen en la causa en estos momentos. El objetivo del magistrado con esta maniobra judicial no era otro que evitar dilaciones innecesarias en aquella parte de la investigación ya conclusa, pero también que la vista oral no se convierta en un macrojuicio ingobernable.
No obstante, el 'segundo capítulo' de la Gürtel promete ser tanto o más voluminoso que el primero. De hecho, 24 de los 43 que se sentarán en el banquillo en unos meses volverán a hacerlo previsiblemente cuando se celebre este otro juicio, además de otro medio centenar de personas implicadas en algunos de los mayores pelotazos urbanísticos de la trama que no han sido incluidos en el primero. En esta pieza también afectará a numerosos cargos públicos, entre ellos varios alcaldes madrileños, como el de la localidad de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, 'El Albondiguilla', quien convirtió ese municipio en uno de los grandes feudos de la Gürtel, que incluso 'diseñó' la bandera actual del municipio. Y el regidor de Arganda, Ginés López. Y el exdiputado autonómico Benjamín Martín Vasco. Y un largo etcétera con el denominador común de tener carné del PP. Junto a ellos, previsiblemente se sentarán empresarios como Fernando Martín y Ramón Blanco Balín, y Arturo Fasana, el financiero suizo que desde Ginebra ha manejado la 'cuenta Soleado', por la que han pasado cientos de millones de euros de evasores españoles. 
- La pieza jerezana. Hasta comienzos de este año, la trama Gürtel había pasado de puntillas por Andalucía. De hecho, en esta comunidad sólo había salpicado de manera residual al PP ya que afectaba únicamente a uno de los hermanos del exeurodiputado Gerardo Galeote que trabajaba en el consistorio de Estepona (Málaga). Sin embargo, el pasado mes de febrero la UDEF entregaba un informe en la Audiencia Nacional que daba pie a la apertura de una pieza específica sobre las actividades de la trama en esta comunidad y, más en concreto, en la localidad gaditana de Jeréz de la Frontera. En dicho documento, de poco más de medio centenar de folios, los agentes detallaban supuestas irregularidades en tres contratos adjudicados por el equipo de gobierno 'popular' del Ayuntamiento de este municipio a dos empresas de la organización de Francisco Correa.
Los hechos investigados se remontan a la última semana de enero de 2004, cuando el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez firmó dichos contratos con sociedades de la trama Gürtel para el montaje de un pabellón en FITUR de aquel año, para el acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid para un espectáculo ecuestre y por la organización de una fiesta flamenca en el Parque del Retiro, también de la capital. Todo ello por un valor de 214.027 euros. El principal señalado en la investigación es Isidro Javier Cuberos, quien fuera mano derecha de Javier Arenas en el Ministerio de Trabajo. No obstante, el documento policial también mencionaba a la regidora, la 'popular' María José García-Pelayo. Las pesquisas, que parecieron quedar paralizadas en un primer momento tras el informe, se reactivaron el pasado mes de mayo después de que el juez Ruz recibiera de la Fiscalía gaditana un escrito de denuncia elaborado por funcionarios anónimos del consistorio que incorporaba documentación desconocida hasta ahora sobre este supuesto fraude, entre ellos un informe de la interventora municipal que desaconsejaba la adjudicación.
-La rama de AENA y Cascos. El pasado 6 de marzo, el juez Ruz tomaba declaración como imputados al exresponsable de comunicación de Aeropuestos Españoles y Navegación Aérea (AENA), Ángel López de la Mota Muñoz, y a otro empleado de la empresa pública, José María Gavari Guijarro. El magistrado había recibido en febrero un informe policial en el que se apuntaba la existencia de irregularidades en los contratos que este organismo público concedió entre los años 2000 y 2002 a empresas de Francisco Correa, y la posible existencia de 'mordidas' a ambos directivos "en efectivo y en especie". Era el penúltimo paso dado en una línea de investigación que el magistrado inició hace dos años, en 2012, cuando recibió de la empresa pública 18 expedientes sobre adjudicaciones a empresas de la trama Gürtel durante el periodo que iba desde septiembre de 2000 a mayo de 2004. Un informe policial sobre dichos contratos llegaba a cifrar en 60.214 euros los pagos que supuestamente habría recibido López de la Mota de la red, además de regalos como un viaje a Eurodisney y la reforma del ático de su casa.
Sin embargo, la gran carga mediática de esta pieza del caso Gürtel está en otro nombre: Francisco Álvarez Cascos. El que fuera vicepresidente del Gobierno con José María Aznar y actualmente líder del partido Foro Asturias, ocupó la cartera de Fomento, de la que depende Aena, precisamente durante el periodo de tiempo investigado. Además, los dos imputados fueron llevados por él a la empresa pública y el propio jefe de la trama, Correa, presumió en su declaración ante el primer juez instructor, Baltasar Garzón, que Cascos le había dado contratos en la misma. El pasado mes de abril, una empleada de la compañía reconoció ante Ruz que el 'desembarco' de la Gürtel en AENA coincidió con la llegada del político asturiano y López de la Mota, y detalló que recibió de este último instrucciones para amañar al menos siete contratos, entre ellos el acto de colocación de la primera piedra de la T-4 de Barajas, que se celebró en julio de 2000. Cuando Ruz escuchó estas declaraciones, sobre su mesa estaba desde hacía dos meses un informe de la UDEF que identificaba a Cascos como P.A.C., las misteriosas siglas que utilizaba la trama de corrupción en su contabilidad secreta para señalar al que había sido el mayor receptor de mordidas.
-Los 'papeles de Bárcenas'. La investigación judicial sobre los apuntes contables del extesorero es una 'bomba de racimo' ya que amenaza con dividirse en los próximos meses en varios sumarios independientes que pueden acabar en diferentes juzgados. En primer lugar, queda por dilucidar qué camino legal tendrá la investigación de los donativos ilegales que el partido recibió durante años y que el juez Ruz considera ya plenamente acreditados. Prescripciones y cuantías defraudas por debajo de 120.000 euros han dejado esta línea de investigación reducida a sólo un año, el 2008. En esos doce meses, las cantidades que el partido recibió, y por las que no tributó, superaron la cuantía mínima, por lo que puede ser considerado como un delito fiscal. La gran esperanza de los 'populares' es un informe de la Agencia Tributaria que insiste en que la única sanción que le podría caer por ello al partido es una multa que debería fijar el Tribunal de Cuentas.
Peor panorama se le presenta al PP con la investigación sobre las obras que el partido acometió en su sede nacional y que encargó al arquitecto Gonzalo Urquijo, imputado en la causa. El juez considera que buena parte de aquella remodelación se pagó con dinero negro (hasta 1,7 millones de euros según diversos informes) procedente de la caja 'B' que manejaba Bárcenas y que, por tanto, se cometieron delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable. Otras dos sedes del PP bajo sospecha de haber sido pagadas con dinero negro son las de La Rioja y Vizcaya. Aunque en una fase aún muy indiciaria, la UDEF apunta en sus informes, y así lo ha recogido el magistrado en sus autos, que ambas fueron supuestamente sufragadas en parte con fondos procedentes de donaciones irregulares que Bárcenas se encargaba de 'blanquear'.
Por último, en esta pieza el juez investiga también si el PP de Castilla-La Mancha cobró una mordida de 200.000 euros para la campaña electoral de 2007 de María Dolores de Cospedal a cambio de adjudicar el contrato de basuras del Ayuntamiento de Toledo a una filial de Sacyr. Un recibí manuscrito con dicha cantidad firmado por el entonces gerente del partido en esta comunidad, José Cañas, fue el primer indicio del supuesto pago de comisiones ilegales que las irregularidades descubiertas en el expediente de la adjudicación han empezado a apuntalar. El pasado lunes, el juez interrogó al exalcalde de la capital castellano manchega, José Manuel Molina, y a otros testigos, a quienes planteó, entre otras, diez preguntas sobre el papel que pudo tener la actual presidenta de la comunidad y 'número 2' del partido en aquel contrato. La presencia de aforados en la investigación puede terminar arrastrando esta parte al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Leer noticia completa en vozpopuli.com