Una mujer negra, con un vestido corto naranja fluorescente, se sujeta con las manos el vientre hinchado mientras descansa sentada en la sala de embarque del puerto de Melilla. Tiene la cara hendida con cicatrices y ronda la veintena. Viaja a Málaga y forma parte de un grupo de subsaharianos que acaba de salir del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad autónoma. Hoy es el gran día, el del salto a la Península con el que los subsaharianos sueñan desde el momento en que abandonan su tierra. A la mujer, sin embargo, no se la ve feliz. Es parca en palabras.
Reticente, cuenta que es nigeriana, que está embarazada de cuatro meses y que ha pasado los últimos tres en el centro de inmigrantes. Antes malvivió en uno de los bosques que rodean la ciudad marroquí de Nador, donde se quedó embarazada. No hay margen para más detalles. Su vigilante, también nigeriano, se presenta con cara de pocos amigos y da la charla por terminada. Él controla sus movimientos. Y ella, según las sospechas de la policía y de las organizaciones que trabajan con subsaharianas, es una víctima más de las redes de trata de personas que fuerzan a las inmigrantes a prostituirse durante su infernal travesía por el norte de África y durante largos años en suelo europeo.
El salto de las vallas y las cuchillas es tal vez la forma más llamativa para entrar a la Península, pero no es la que eligen la mayor parte de las mujeres. Ellas, salvo contadas excepciones, acceden al territorio español en patera o camufladas en coches por los pasos fronterizos. La llegada de estas subsaharianas, ensombrecida por el ruido mediático de la valla, esconde las transacciones de redes criminales transfronterizas que compran y venden mujeres de las que abusan y a las que después obligan a prostituirse. España es uno de los países de destino final de estas esclavas sexuales, cuyo tránsito hasta la Península está bien documentado.
Las rutas que trazan las redes mafiosas son conocidas. También lo son la ubicación de los campos marroquíes en los que esperan para cruzar a Europa y los polígonos industriales españoles en los que las mujeres se prostituyen a la fuerza. El gran interrogante es cómo es posible que, con este grado de conocimiento, no se pueda proteger a estas mujeres de agresiones y delitos tan previsibles. Para algunos expertos, parte del problema radica en unos mimbres legales aferrados a las fronteras nacionales y que no bastan para combatir fenómenos transfronterizos como la trata de personas. Leer noticia completa en elpais.com.