La actualización de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida realizada por el INE en la primavera de 2014 constata la dificilísima situación de millones de familias españolas.  
- La tasa de riesgo de pobreza supera el 22%. Dicha tasa se eleva a más del 30% para los menos de 16 años.
- El riesgo de exclusión (Tasa AROPE ) afecta al 29,2% de la población española.
- La desigualdad, que parecía haber disminuir en 2013, ofrece un fuerte repunte hasta situarse en el 34,7 del Coeficiente de Gini (32,9 en 2009)
- El 16,1% de los hogares manifestó llegar a fin de mes con enorme dificultad y el 10,2% tuvo retrasos en los pagos relacionados con la vivienda (alquiler o hipoteca) o los suministros de la misma (electricidad, gas, agua…). 
Dos días después de celebrarse la Elecciones Municipales y Autonómicas en gran parte del país, en un momento tan convulso como ilusionante para la política municipal y autonómica, el INE acaba de hacer pública la última oleada de la Encuesta de Condiciones de Vida (realizada en la primavera de 2014). El panorama, como venimos denunciando desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
La dureza de los datos –creemos- debería hacer reflexionar a todas las fuerzas políticas en varios sentidos que queremos evidenciar aquí:
1º.- La pobreza de una parte importantísima de la población puede ser ya considerada como un hecho estructural de la sociedad española. La pobreza infantil llega a extremos insostenibles considerando que afecta al 30,1% de los menores de 16 años. La reducción de la tasa de pobreza que se observa para los mayores de 65 años tiene su explicación en factores combinados como el mantenimiento de las pensiones al tiempo que las medianas de renta anuales disminuyen y la inflación es casi inexistente.
   
2º.- Si no se ataja y se trata con inteligencia y determinación, esta pobreza devendrá en un incremento exponencial de la exclusión social caracterizado no solo por las carencias materiales, sino por un brutal deterioro de las personas que la padecen y de sus contextos, dificultando enormemente su recuperación personal y la de su entorno familiar y de convivencia.
3º.- A lo anterior se añade que el impacto es muy diferente en función de la clase social de manera que la desigualdad continua su avance galopante.
   

 
   
5º.- El problema es de tal calado y complejidad que además de las decisiones urgentes que restituyan la protección pública desmantelada en los últimos años, se necesitan urgentemente intervenciones complejas que combinen simultáneamente:

• Garantía de mínimos vitales (monetarios y en especie –especialmente vivienda-) no condicionados y de fácil acceso.
• Inversión social activadora que se traduzca en impulso para el emprendimiento o para la reinserción laboral (puede conllevar periodos de formación para la readaptación del perfil laboral). El anclaje en el mero subsidio de subsistencia es un fracaso.
• Apoyos psico-sociales a la unidad de convivencia cuya intensidad dependerá de los deterioros sufridos durante el tiempo de prolongación del empobrecimiento.
• Asistencia financiera que posibilite afrontar cargas (deudas) e inversiones.
• Protección jurídica de derechos fundamentales (por ejemplo ante abusos bancarios)
• Atención personalizada y continuada (profesional de referencia) de ámbito local.
• La combinación de medidas debe liderarse desde un ámbito con capacidad prescriptora de recursos de diferentes sistemas y entidades.

6º.- Estas intervenciones técnicas integrales deben ser organizadas desde una visión global (central y autonómico) y entregadas en el nivel local más próximo al ciudadano. Así urge la restitución de las competencias locales en servicios sociales con coordinación autonómica.
7º.- Sería inadmisible abordar la complejidad de esta problemática desde actuaciones simples y aisladas.
Desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales queremos pedir encarecidamente a todos los partidos políticos inmersos en el proceso de conformar las instituciones autonómicas y locales que consideren que atender esta emergencia social de forma decidida, inteligente y consensuada debe ser una de sus prioridades inexcusables.
Por encima de las siglas, todos y todas han llegado para servir a la ciudadanía.