Venezuela no ha investigado eficazmente ni puesto en manos de la justicia a los responsables de la muerte de 43 personas y de las heridas y las torturas sufridas por cientos más durante las protestas de 2014, lo cual equivale a dar vía libre a más abusos y actos de violencia, dice Amnistía Internacional en el nuevo informe que hoy publica la organización.
Los rostros de la impunidad. A un año de las protestas, las víctimas aún esperan justicia examina las historias de las personas que murieron o fueron detenidas arbitrariamente y torturadas bajo custodia en el transcurso y después de las protestas que sacudieron el país entre febrero y julio de 2014.  Entre los muertos y heridos había manifestantes, transeúntes y miembros de las fuerzas de seguridad. Algunas personas aún siguen detenidas en espera de juicio.
“En Venezuela, la gente debe poder protestar pacíficamente sin miedo a perder la vida o a que la detengan ilegalmente”, ha dicho Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional. “Cada día que pasa sin que se aborde la serie de abusos contra los derechos humanos perpetrados durante las protestas es otro día de desgarradora injusticia para las víctimas y sus familias. Es preciso poner fin a esta situación.”
Durante las protestas se detuvo a 3.351 personas, en muchos casos arbitrariamente. La mayoría quedaron en plena libertad, se presentaron cargos contra 1.404, y 25 siguen detenidas en espera de juicio.
Amnistía Internacional tuvo acceso a los expedientes de cinco personas detenidas con cargos, y concluyó que su detención había sido arbitraria. Actualmente dos de estas personas están en libertad en espera de juicio.
Según los indicios, miembros de la policía permitieron a grupos armados pro gobierno que cometieran abusos contra manifestantes y transeúntes, e incluso que entraran ilegalmente en viviendas portando armas de fuego.
Guillermo Sánchez falleció después de que un grupo de civiles armados pro gobierno le golpearan y dispararan en La Isabelica (ciudad de Valencia, estado Carabobo), en marzo de 2014. Su esposa Ghina y sus dos hijos tuvieron que huir del país tras recibir amenazas de muerte por exigir justicia, y siguen esperando que quienes mataron a Guillermo sean identificados y procesados.
Los familiares de otras víctimas y sus abogados también han denunciado haber sido hostigados e intimidados por sus campañas para conseguir justicia y reparaciones. Defensores y defensoras de los derechos humanos que han denunciado graves abusos también han sido objetivo de ataques.
Después de las protestas ha continuado el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y las detenciones arbitrarias. En las últimas semanas se ha producido la detención en dudosas circunstancias del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma (el 19 de febrero), y la muerte de un joven de 14 años a manos de la policía en Táchira (el 24 de febrero).
En lugar de resolver estos problemas, a finales de enero de 2015 el Ministerio del Poder Popular para la Defensa emitió una resolución que permite la actuación de todos los componentes de las fuerzas armadas en el control del orden público, incluidas las protestas públicas, facultándolas además para el uso de armas de fuego en tales circunstancias.
“El uso innecesario o desproporcionado de la fuerza es precisamente lo que exacerbó la oleada de acontecimientos trágicos del año pasado. En lugar de añadir leña al fuego publicando resoluciones para que el ejército tome las calles, las autoridades de Venezuela deberían enviar un inequívoco mensaje de tolerancia cero al uso excesivo de la fuerza”, ha dicho Erika Guevara.
Personas muertas y heridas durante las protestas
El informe de Amnistía Internacional documenta los sucesos de febrero de 2014, cuando miles de manifestantes contra el gobierno tomaron las calles, murieron 43 personas –entre ellas ocho funcionarios encargados de hacer cumplir la ley– y resultaron heridas otras 878, incluidos casi 300 efectivos de las fuerzas de seguridad.
El informe recopila el testimonio de víctimas con pruebas fotográficas, estableciendo que las fuerzas de seguridad golpearon, torturaron e incluso dispararon con fuego real a los manifestantes.
 
Tortura y otros malos tratos bajo custodia
Amnistía Internacional ha documentado decenas de casos de personas detenidas que fueron sometidas a tortura y otros malos tratos –golpes, quemaduras, agresiones sexuales, asfixia, descargas eléctricas y amenazas de muerte– mientras estaban bajo custodia.
El 27 de febrero de 2014, Wuaddy Moreno regresaba a su casa después de celebrar un cumpleaños cuando lo detuvieron como sospechoso de participar en las protestas.
Unos Guardias Nacionales  lo golpearon y le infligieron quemaduras en una plaza de La Grita (estado de Táchira) y, tras llevárselo detenido , lo dejaron en libertad sin cargos. Los agentes autores de los abusos, que siguen en  servicio activo, intimidaron y acosaron a Wuaddy y a sus familiares cuando éstos reclamaron justicia.
 
Miles de personas detenidas
Entre las personas que siguen recluidas se encuentra Leopoldo López, líder de la oposición, Daniel Ceballos, alcalde de la localidad de San Cristóbal, en el estado de Táchira, y Rosmit Mantilla, activista LGBTI, todos del partido de oposición Voluntad Popular. Los tres deben quedar en libertad.
Recientemente, han quedado en libertad dos personas detenidas de forma arbitraria. Se trata del abogado Marcelo Crovato, que fue puesto bajo arresto domiciliario el 25 de febrero,  y Christian Holdack, en libertad con régimen de  presentación desde el 17 de marzo.
 
Investigaciones
En la mayoría de los casos, los responsables de los abusos no han comparecido ante la justicia.
El Ministerio Público ha investigado 238 informes de violaciones de derechos humanos, pero sólo ha presentado cargos en 13 casos.
Asimismo, la Fiscal General ha declarado que hay 30 policías acusados de la muerte de manifestantes, uso excesivo de la fuerza, torturas y otros malos tratos. Hasta ahora, tres funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han sido declarados culpables de malos tratos, y 14 se encuentran detenidos. Contra otro hay una orden de captura que aún no se ha hecho efectiva. Los 12 restantes están en libertad condicional.