Continuamos considerando qué son las condiciones esenciales que se deben exigir al nuevo Gobierno en su Comunidad en materia de servicios sociales y que, en consecuencia, deben considerarse como líneas rojas para cualquier negociación a la hora de constituir o dar el apoyo a un Gobierno. Anteriormente abordamos  los aspectos básicos en servicios sociales y dependencia.
 
Consolidar las Rentas Básicas de Inserción, tanto en extensión como en cuantía
Las Rentas Mínimas de Inserción constituyen para cientos de miles de personas y familias la última garantía para atender sus necesidades más básicas y para evitar caer en la exclusión social. Sin embargo, a pesar del desarrollo que han tenido en los últimos años en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, todavía son insuficientes tanto en el número de personas que las reciben como en sus cuantías.
Además, en muchas Comunidades se acumulan retrasos insoportables de varios meses para la concesión o el cobro de estas Rentas, y se ponen obstáculos burocráticos injustificados que impiden o retrasan que algunas personas y familias puedan recibirlas.
Todas las Comunidades deberían planificar un incremento de la cobertura y las cuantías de sus Rentas Mínimas de Inserción, hasta alcanzar al menos la media estatal quienes se sitúan por debajo de la misma, y acortar los plazos de tramitación y de pago, así como simplificar los trámites exigibles. Se puede disponer en nuestra web del detalle de cobertura y gasto de cada Comunidad, en relación con la media estatal, para que se pueda valorar el objetivo a alcanzar en cada una de ellas.
En todo caso deberían asumir la exigencia a la Administración General del Estado de una norma de ámbito estatal que proporcione una garantía de ingresos mínimos a todas las personas y familias sin ingresos suficientes, negociando las condiciones para su gestión y, en su caso, para su mejora, a nivel autonómico.
 
Garantizar la vivienda en el contexto de referencia de las personas
Los problemas de pérdida de vivienda han de ser tratados de manera individualizada y con el concurso de los servicios sociales. Los que deriven de procedimientos de ejecución hipotecaria han de ser objeto de mediación PÚBLICA entre las personas y las entidades financieras intentando evitar la pérdida de propiedad y, si no fuera posible, evitando la pérdida de la posesión (lanzamiento) mediante el alquiler social en el mismo inmueble por tiempo no inferior a tres años.
Los problemas de riesgo de desahucio por alquiler a arrendadores particulares (hoy en día más frecuentes que los lanzamientos hipotecarios) solo pueden tratarse en primera instancia mediante enervaciones de la deuda (mensualidades pendientes) y abono del alquiler o parte del mismo por parte de las administraciones por un tiempo limitado (1-2 años) hasta que se recupere activamente la economía familiar.
Se ha de evitar siempre el desalojo forzoso sin alternativa habitacional y los desplazamientos internos de las familias (familias pluri-desahuciadas), especialmente cuando hay menores u otras personas dependientes implicadas.
A la reestructuración de las deudas se deben incorporar apoyos para la reestructuración del proyecto vital de las personas y familias.
 
Y dos recomendaciones
Además hay que exigir a los nuevos Gobiernos que utilicen el nombre de "servicios sociales" para identificar a las Consejerías responsables de su gestión, evitando eufemismos que no son identificativos de este Sistema y que sólo aportan confusión, tales como “acción social”, “bienestar social” o “igualdad”.
Y que garanticen la transparencia y la información, instando además al Ministerio para que ejerza sus responsabilidades en esta materia a nivel estatal, de manera que los ciudadanos/as podamos valorar el desarrollo de los diversos servicios sociales en cada una de las Comunidades.