Los Presupuestos Generales del Estado no contemplan la ayuda a 315.000 dependientes moderados que, tras dos años excluidos de cualquier tipo de prestación, deberían entrar por fin en el sistema de la dependencia y comenzar a ser atendidos en 2015. El Gobierno ha consignado una partida de gasto mínimo de 1.087.179.000 euros, cantidad idéntica a la de 2014, que difícilmente puede dar de sí para atender a los actuales 723.000 beneficiarios de la ley, incorporar a los 172.978 que están en lista de espera y, además, responder por primera vez a las necesidades de un voluminoso colectivo que abarca desde ancianos con escasa movilidad a personas con alzhéimer en los primeros estadios de la enfermedad.
¿Significa esto que por tercer año consecutivo se les deja fuera de la dependencia? “No”, garantizan fuentes del Imserso. “La ley establece que en 2015 deben entrar todos los grados pendientes. Las comunidades que reconozcan a una persona con grado I (el dependiente moderado) generan el derecho y la obligación del Estado desde ese momento es transferir el crédito. Se tendrá que aumentar la partida”. Para apuntalar su argumento esas mismas fuentes señalan que, en 2012, el presupuesto se incrementó en 120 millones; 122 en 2013 y unos 60 este ejercicio. Cada persona con Grado I le cuesta al Gobierno 44,33 euros al mes. Medio año de atención exigiría desembolsar 83.783.700 euros más.
La denegación de asistencia a los dependientes moderados —hay severos y graves— trae cola desde largo. En una de sus primeras decisiones al llegar al poder en 2011, el actual Gobierno —previo debate con las autonomías que cofinancian la dependencia— acordó una moratoria de la aplicación de la ley. De esta forma, las personas con dependencia más leve que ya habían sido examinadas, habían logrado el derecho a ser asistidas con dinero público y debían empezar a disfrutar de las ayudas en 2012 iban a tener que esperar un año más. En julio de 2012 llegó la segunda sorpresa: el Ejecutivo de Rajoy anunciaba un nuevo parón para el colectivo.
El calendario de aplicación de la ley solo puede cambiarse por real decreto. Así se hizo entonces. De ahí que los presupuestos de 2015 hayan generado suspicacias entre profesionales del sector. “¿Abandono, torpeza u olvido?”, se pregunta el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. “Un 20% de los dependientes que tienen derecho a prestación están desatendidos en un flagrante incumplimiento de la ley”, continúa. “Podríamos decir que Rajoy es insumiso”.
Traducida esta denuncia a cifras significa que en España hay 896.449 personas con derecho algún tipo de prestación —ayuda a domicilio, residencias de mayores, centros de día...—, de las que 723.471 la están recibiendo, según datos oficiales, de septiembre. El resto están en lista de espera. Leer noticia completa en elpais.com.