Determina un aumento de la cuantía media en nivel mínimo de 10,4 euros mensuales por persona en situación de dependencia que recibe una prestación o servicio (12,27 euros al mes para Grandes Dependientes, 1,65 para dependientes Severos, 3,05 para dependientes moderados).
El Real Decreto 1082/2017, de 29 de diciembre, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, recoge las nuevas cuantías mensuales que abonará la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas por cada persona dependiente atendida en función de su grado. El propio Gobierno ha reconocido en sucesivos informes que la batería de recortes en dependencia supuso cuantiosos “ahorros” a las arcas públicas que actualmente podemos cifrar en más de 4.000 millones de euros acumulados. La Administración General del Estado aportó en 2016 el 17,4% de la financiación pública del Sistema de Autonomía Personal y Atención de la Dependencia frente al 82,6% aportado por las CC.AA.
Aunque se cacarea sistemáticamente el mantra de la “recuperación económica” y aunque la situación del SAAD haya sido analizada por el Gobierno y las Comunidades Autónomas con el diagnóstico de la mala financiación, seguimos en el sinsentido que no se esté pensando en recuperar –al menos- los niveles de financiación que fueron triste y cruelmente recortados en 2012.
Celebramos el reconocimiento de la AGE de que el sistema está infradotado en el nivel que es de su responsabilidad, pero cuando las “migajas” de subida coinciden exactamente con lo mínimo imprescindible para cumplir con la ejecución presupuestaria, sin que haya al menos un CALENDARIO DE COMPROMISOS DE SUPRESIÓN DE LOS RECORTES, nos tememos que el sistema no remontará y que todo seguirá paralizado tal y como muestran los datos de gestión anuales: avance de las prestaciones low cost y decenas de miles de dependientes con grados III y II esperando más allá de lo que pueden tanto ellos como sus familiares.
Estas cifras ridículas son “vendidas como un acuerdo histórico por la dependencia”, lo que todavía hace más cruel las decisiones inmisericordes y los recortes que el Gobierno de España ha realizado contra las personas en situación de dependencia y sus familias.
El Seis Doble | Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
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