Los recortes favorecen la existencia de residencias de ancianos con los mínimos de calidad exigibles

Es necesaria una adecuada inspección de estos centros

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales elabora un decálogo para orientar a las familias a la hora de buscar residencia para una persona mayor
Trascurridos varios días tras el dramático suceso en una residencia de mayores en Zaragoza, que ha costado la vida a 8 personas, es momento de realizar un análisis sosegado sobre las circunstancias que han permitido que ocurriera un hecho como ese, y una valoración de la situación en que se encuentra estos servicios residenciales.
 
El problema no es la falta de normativa, sino la falta de inspecciones
El problema no es la falta de normativa, sino la aplicación efectiva de medidas correctoras o sancionadoras.
La normativa de la Comunidad de Aragón para Autorización de residencias de mayores, aunque es del año 1992, es muy exigente en cuanto a seguridad de los centros y otras condiciones que garantizan una adecuada atención a las personas mayores. Esto es así en la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas. Existen además normas estatales, como un Acuerdo del Consejo Territorial de Atención a la Dependencia del año 2008, que complementan las autonómicas incrementando la exigencia de ratios de personal, teniendo en cuenta las características de las personas que actualmente utilizan estos centros.
Además de esta normativa específica es preceptiva la Licencia Municipal de funcionamiento, como se exige a cualquier negocio o servicio, desde una peluquería a un bar, un almacén o un comercio. Para obtener esta Licencia el establecimiento debe acreditar que cumplen las medidas de higiene y seguridad, específicamente en materia de prevención de incendios establecidas en las ordenanzas municipales.
Si una Residencia no obtiene Licencia municipal de funcionamiento, ni Autorización de la Comunidad Autónoma es porque no cumple alguna de esas condiciones. Y si es así, sólo queda proceder a su clausura.
En consecuencia, el problema no es la falta de normativa o una normativa adecuada, sino una adecuada inspección de estos centros y sobre todo agilidad y decisión a la hora de determinar el cierre de establecimientos que no obtengan las licencias y autorizaciones preceptivas por no cumplir la normativa, y para ordenar su cierre inmediato en el caso de que las deficiencias afecten a la seguridad de residentes o trabajadores/as.
La existencia de residencias que no cumplen la normativa es una competencia desleal para las que ofrecen seguridad y calidad en sus atenciones
En un sector especialmente castigado durante la crisis, y que entre otras cosas conlleva decenas de miles de empleos (unos 150.000 en el conjunto de España), la existencia de centros que no cumplen las normativas de seguridad, de higiene o de ratios de trabajadores/as para la atención, supone una competencia desleal para las muchas residencias con instalaciones adecuadas y con plantillas profesionales suficientes, tal y como la normativa exige.
Conviene destacar la calidad que ofrecen la mayor parte de los centros residenciales para personas mayores, y evitar que situaciones como la vivida recientemente en Zaragoza conlleve un desprestigio injustificado para todas las residencias y que generen una injustificada preocupación en las familias que tienen alguna persona mayor residiendo en algunos de estos centros.
Los recortes en servicios sociales y el empobrecimiento de las familias, tienen mucho que ver con que existan residencias que no reúnen condiciones mínimas de seguridad y calidad.
El escaso desarrollo que está teniendo la Ley de la Dependencia, especialmente acusado en el caso de Aragón en la última legislatura, y los recortes en servicios sociales son algunas de las causas que favorecen la existencia de residencias que ofrecen precios muy bajos, a costa de no contar con los mínimos de calidad exigibles en sus instalaciones, seguridad, higiene, alimentación o cuidados. Con una pensión media que en España se sitúa en este año en 825,5 €, y el empobrecimiento generalizado de las familias españolas, son muchas las que no están en condiciones de pagar losprecios que pueden ofertar la mayor parte de las residencias que si garantizan estos estándares de calidad.
 
Consideraciones
Consideramos por ello que el imprescindible rigor que se ha de tener para detectar incumplimientos de las condiciones de seguridad y de calidad en las residencias de mayores, y para actuar de manera diligente a la hora de clausurar aquellas que no puedan garantizar estas condiciones ha de ir acompañado de un impulso a las prestaciones y servicios del Sistema de Atención a la Dependencia, especialmente en materia residencial, así como a las ayudas a las personas mayores de 65 años que, sin encontrarse en situación de dependencia se encuentren en desamparo y carezcan de recursos suficientes para pagar el precio de una plaza residencial digna.