'Médicos del Mundo' exige que el protocolo nacional contra la mutilación genital femenina no caiga en saco roto

"Lamentamos que el protocolo se dirija exclusivamente al personal sanitario y excluya a otros agentes como los educativos y sociales"

En el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina (MGF), reclamamos a las instituciones la puesta en marcha inmediata del Protocolo Nacional de MGF, elaborado por el Ministerio de Sanidad en 2015. El objetivo de este protocolo es instruir a profesionales sanitarios para detectar esta situación, para penalizar a aquellas personas que realicen estas prácticas, que suponen una flagrante vulneración de los derechos humanos, y sobre todo, para enseñar a las niñas y a sus familias los efectos adversos que conlleva sobre su salud. 
Lamentamos, sin embargo, que el Protocolo Común se dirija exclusivamente al personal sanitario y excluya a otros agentes tan importantes como los educativos y sociales, reduciendo así el número de profesionales con capacidad para identificar a la población de riesgo. Por contra, las normativas de nivel autonómico existentes previamente en Cataluña, Aragón y Navarra sí incorporan en sus medidas a las y los profesionales de los centros educativos y a trabajadores sociales.
 
Reconocidos por nuestro trabajo contra la Mutilación Genital Femenina
El enfoque de lucha contra la mutilación llevado a cabo por nuestra organización y sus mediadoras en España ha obtenido diversos reconocimientos desde ámbitos sanitarios, de la comunicación o gubernamentales. Hace pocos días fue el de la mutua de profesionales sanitarios A.M.A. En octubre de 2015, Onda Cero Navarra concedió una mención especial dentro de sus Premios Solidarios a la activista contra la mutilación genital femenina y miembro de Médicos del Mundo, Fátima Djarra. 
Además, Médicos del Mundo acaba de ser aceptada como miembro de la Plataforma Europea contra la MGF (http://www.endfgm.eu). Es la única organización española que forma parte de esta mesa, que tiene como objetivo crear acciones coordinadas e integrales entre los responsables políticos y la sociedad civil para poner fin a esta práctica. Además, la red facilita sinergias entre diversas organizaciones europeas y las comunidades afectadas, llevando las preocupaciones a la agenda europea y de cada país.