Sólo el 18 % de la financiación de la atención a la dependencia proviene del Estado central
El sistemático incumplimiento de la Ley de Dependencia deja en lista de espera a más de 300.000 dependientes
Con un incremento anual del gasto público de tan solo el 1,7% se consiguió incrementar el número de atendidos en un 8,7%. Lo que confirma la implantación del low cost en el sistema.
Las certificaciones anuales contenidas en el ANEXO IV de la Orden SSI/2371/2013, remitidas al Observatorio, (todas a excepción de País Vasco) arrojan una inversión pública total certificada de 6.911 millones de euros. De toda esa cantidad, la aportación finalista del Ministerio para esos Territorios fue de 1.201 millones, es decir, el 17,4% del total, mientras que las CC.AA., con 5.710 millones de euros, aportan el 82,6% restante.
El gasto promedio por persona en situación de dependencia atendida en 2016 ascendió a 8.349 € anuales, de los cuales, según los antedichos porcentajes, 6.896 fueron aportados por las CC.AA., y solo 1.453 €, por el Gobierno central.
Estos datos, que se basan todos ellos en fuentes oficiales certificadas por la intervención de cada Comunidad, confirman lo que veníamos denunciando:
- Que la mejora de los datos sobre el incremento de personas atendidas y reducción de la lista de espera (Limbo de la Dependencia), se está produciendo como consecuencia del incremento de servicios de bajo coste, dirigidos a Dependientes Moderados (Grado I), abandonando a los más graves y que requieren atención con mayor urgencia, los Dependientes Severos (Grado II) y Grandes Dependientes (Grado III)
- Por otro, el sistemático y doloso incumplimiento de una Ley, en un momento crucial de su desarrollo, donde más de 300.000 personas en situación de dependencia reconocida se encuentra en lista de espera, y que cada día fallecen 100 personas, como media, sin recibir las prestaciones o servicios a los que tienen derecho reconocido. El Gobierno de España sigue abandonando a su suerte a todas estas personas y a sus familiares, y mostrando una escandalosa deslealtad con las Comunidades Autónomas, a las que está enfrentando a una situación de asfixia económica, ya que el porcentaje de financiación sigue siendo muy inferior al 50% que establece la propia Ley.
Por territorios, dos Comunidades destacan por el incremento del gasto público en 2016 respecto a 2015, con porcentajes superiores al 10%: la Comunidad Valenciana (14,6%) y Canarias (11,1%), lo que, a buen seguro, permitirá a ambas Comunidades superar el histórico retraso que ambas venían acumulando en el desarrollo del Sistema.
Por su parte, solo tres Comunidades ha reducido el gasto con respecto al año anterior: Comunidad de Madrid (-1,2%), Cataluña (-12,6%) y La Rioja (-16,4%)
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