La alcaldesa de Alicante y diputada del grupo popular en las Corts, Sonia Castedo, imputada en el 'caso Brugal', ha presentado este viernes su renuncia como parlamentaria autonómica "por motivos personales", tal y como consta en el texto, según recoge Europa Press. Castedo firmó ante notario su renuncia al acta de diputada y autorizó a otra persona a presentar en su nombre esta documento en el registro de entrada de las Corts Valencianes, lo que se ha producido este mismo viernes. No obstante, la renuncia tiene efectos desde el pasado miércoles. El actual alcalde de Lorcha (Alicante), Guillermo Moratal, será el sustituto de Castedo en la cámara autonómica. Sonia Castedo, imputada en la ramificación del 'caso Brugal' que investiga supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, ya mostró en agosto de 2012 su intención de dimitir para "dedicarse por completo a la ciudad de Alicante" y el pasado mes de julio renunció a su sueldo como diputada. Con su renuncia, el grupo parlamentario popular mantiene en las Corts a cuatro diputados imputados, todos ellos en el 'caso Gürtel'. Se trata de los 'populares' Ricardo Costa, David Serra, Vicente Rambla y Yolanda García, imputados en la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por la presunta financiación irregular del PPCV, derivada del 'caso Gürtel'.
Asimismo, con la salida de la alcaldesa de Alicante, que se encuentra de baja por maternidad, son 21 los diputados autonómicos que han dejado su escaño desde que comenzó la legislatura. La última renuncia fue la del exalcalde alicantino, Luis Díaz Alperi, "por motivos de salud", imputado en 'Brugal' y procesado por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio
Del mismo modo, el pasado 21 de marzo dejó su escaño la exconsellera de Turismo y actual alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, y tres semanas antes lo hizo la también exconsellera Angélica Such, ambas procesadas en el 'caso Gürtel'.
También renunció a su acta Pedro Hernández Mateo, tras ser condenado a tres años de prisión y nueve de inhabilitación por los delitos de falsedad documental y prevaricación en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad.
Por su parte, Alicia de Miguel dejó la cámara autonómica por motivos "estrictamente personales", el mismo día en que el juez del 'caso Gürtel' le imputó por contratos suscritos en su etapa al frente de la Conselleria de Bienestar Social con empresas de la trama.
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