Amnistía Internacional (AI) ha acusado a Turquía de graves violaciones de los derechos humanos y de haber hecho un uso excesivo e innecesario de la fuerza en la represión de las protestas antigubernamentales que comenzaron en mayo.
En un informe publicado este miércoles, AI denuncia que "las autoridades turcas cometieron violaciones de derechos humanos en una escala masiva durante los intentos del Gobierno por reprimir las protestas del parque Gezi (de Estambul) este verano".
Bajo el título 'Protestas del parque Gezi: brutal negación del derecho de asamblea pacífica en Turquía', el documento afirma que las autoridades de Ankara vulneraron a gran escala varios derechos humanos.
"Entre ellos se encuentran la negación rotunda del derecho de reunión pacífica y la violación del derecho a la vida, a la libertad y a no sufrir tortura o malos tratos", expresó en un comunicado Andrew Gardner, experto de AI sobre Turquía.
"El Gobierno turco debe aprender a tolerar las opiniones discrepantes expresadas mediante protestas en la calle, y debe garantizar que la Policía cuenta con equipo, formación e instrucciones adecuados para actuar legalmente durante dichas protestas", reclama el documento.
La organización de defensa de los derechos humanos denuncia el uso excesivo de la violencia, y señala que "desde el comienzo de las manifestaciones la Policía usó cañones de agua y gas lacrimógeno y pimienta de una forma claramente innecesaria y desproporcionada".
El informe de AI menciona que, según fuentes médicas, más de 8.000 personas resultaron heridas durante la represión de las protestas contra el Gobierno, 11 de ellas perdieron un ojo y otras 104 sufrieron graves heridas en la cabeza.
Seis manifestantes y un agente de policía murieron en la ola de protestas, iniciadas para evitar la destrucción y urbanización de uno de los pocos parques en el centro de Estambul pero que se extendieron como un movimiento contra la política que se expandió por toda Turquía.
AI solicita a la comunidad internacional, especialmente a países como Brasil, China, Bélgica, Israel, Reino Unido y Estados Unidos, que dejen de enviar material antidisturbios a Turquía hasta que Ankara lleve a cabo una investigación independiente sobre el uso incorrecto de esos equipos.
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