En España hay 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida, un 2,5% de la población. Un tercio de estas personas (384.326) no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia. En los últimos cuatro años, más de 125.000 personas han fallecido mientras esperaban recibir las prestaciones o servicios a los que tienen derecho
El recorte acumulado del Gobierno Rajoy asciende a 2.865 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares. La aportación de los usuarios (copago) se estima en un 20% sobre el total de gasto directo del sistema más de lo que aporta el Gobierno de España.
Doce Comunidades suspenden en la Escala de Valoración del Observatorio Se mantienen las gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Es previsible que haya algunas Comunidades Autónomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica.
El XVI Dictamen del Observatorio de la Dependencia es un dictamen un tanto especial porque contiene la información de la gestión del SAAD referida al ciclo político completo del Gobierno presidido por Rajoy, recoge la culminación del calendario progresivo de implantación de la Ley, y actualmente el sistema de atención a la dependencia se encuentra en punto crucial de su desarrollo. Creemos llegado el momento de tomar alguna decisión basada en las evidencias de la gestión. O se invierte de manera decidida e inteligente o se admite que el Estado no es capaz de garantizar los derechos contenidos en una Ley.
El Dictamen destaca, además de los datos de cobertura y de desatención del Sistema, su sorprendente capacidad para la generación de empleo: 182.000 empleos directos están vinculados a este Sistema a final de 2015. La ratio de empleos directos por millón de euros de gasto público es de 35. Si se atendiera ya a las 384.000 personas en espera –cumpliendo así con la Ley- se generarían más de 90.000 empleos directos ex-novo, y con un incremento del gasto público de solo 1.631 millones de euros/año (2.643 M€/año de los que se recuperarían 1.012 M€/año en retornos por impuestos y cotizaciones a la seguridad social).
El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley, que establece una financiación al 50% por parte de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. La realidad es que, debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo, la Administración General del Estado aporta solo el 22,6% del gasto público y las Comunidades Autónomas el 77,4% restante. Por su parte, la aportación de los usuarios (copago) se estima en un 20% sobre el total de gasto directo del sistema.
En consecuencia, para un desarrollo digno del SAAD acorde a lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, consideramos imprescindible un pacto de Estado que replantee el modelo de financiación del Sistema de Atención a la Dependencia, con epicentro en el modelo de financiación autonómica a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hasta tanto es urgente reponer los recortes en la financiación estatal de la Dependencia. Derogar la disposición transitoria 11 del R.D. 20/2012 en el que se reduce un 13% el nivel mínimo y reponer el nivel acordado suprimido en las Leyes del PGE desde 2012.
Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales
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