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Una década de machismo: 658 asesinadas

En tres años, el Gobierno ha recortado un 30% los fondos para prevenir la violencia de género

Son 658 mujeres que hoy estarían en sus casas, en sus trabajos, con sus hijos, sus familias, sus amigos. Y no están. Los criminales machistas las han aniquilado en los últimos 10 años. María José, Ana, Rosalinda, Andina... han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2004. Diecisiete de ellas en 2014, si se añade el caso ocurrido este miércoles en Melilla, donde un hombre de 66 años degolló a su compañera de 64 y después se suicidó. Este crimen machista, el cuarto en 48 horas —aunque hay otro homicidio pendiente de confirmar en Madrid— firma una semana alarmante; desde 2008 no había cifras tan negras. Casi diez años después de que entrara en vigor la ley de medidas de protección integral de violencia de género hay hombres que continúan maltratando y asesinando a sus parejas. Y quienes trabajan con las víctimas, en la judicatura o en la Administración, alertan de que la sociedad —incluso su entorno más cercano— no termina de tomar conciencia del problema.
Lejos queda ya en la memoria del horror el asesinato de la grandina Ana Orantes, quemada viva en 1997 tras denunciar en televisión que sufría maltrato. El caso abrió la conciencia de género en España. Pero no del todo. El fenómeno no cesa. A factores como la normalización del fenómeno y la consolidación de ciertos comportamientos machistas, se añade, según apuntan los expertos, la complicación de la situación económica actual. “No solo porque muchas mujeres sufren una fuerte dependencia económica y les cuesta mucho más salir del maltrato en el que viven, también porque hay menos medios para atenderlas”, expone la abogada Susana Martínez, presidenta de la Comisión de Estudio de Malos Tratos a Mujeres. Efectivamente, el Gobierno ha recortado un 30% el presupuesto destinado a la prevención de la violencia de género en tres años. Un tijeretazo al que se añaden otros, como la reducción de las partidas destinadas por las comunidades, que ha derivado en la reducción de programas especializados —desde legales o de atención psicológica— o de plazas en casas de acogida. También, comenta Begoña San José, de la Asamblea Feminista, se ha recortado en un 50% la porción dirigida al Instituto de la Mujer y las subvenciones para las organizaciones especializadas. Ya no hay dinero para proyectos nuevos. “Solo para mantener, y no holgadamente, los que ya están en marcha”, coincide Martínez.
Estos recortes, además de mermar los medios de asistencia, están creando una sensación de desamparo y de desconfianza en las mujeres. Laura Carro, psicóloga especializada en atender a víctimas de malos tratos, cree que eso también está influyendo en que quienes sufren este problema no den el paso de acudir a las autoridades. Las denuncias han caído algo más de un 9% en los últimos años. Un dato que, según Martínez no implica que los malos tratos se hayan reducido, sino que se denuncian menos.
Porque a pesar de que un 22% de las españolas ha sufrido violencia de género alguna vez —según la primera estadística europea publicada recientemente—, las denuncias por estos delitos no suben de algo más de 130.000 anuales.
Y en los casos extremos, los de asesinato, solo una de cada tres mujeres había denunciado. Este año, solo cinco lo habían hecho. En ninguno de los casos mortales registrados en los últimos días habían acudido a las autoridades. Algo en lo que puso el acento el martes la número dos del PSOE, Elena Valenciano. “Estamos en una situación de emergencia nacional”, dijo tras conocerse los casos de las últimas horas. La oposición y las organizaciones especializadas creen que la lucha contra la violencia machista no es una prioridad para el Gobierno. Y que esto influye.
Mientras, en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad preparan un foro de diálogo con las asociaciones y los expertos que analice la evolución de la ley, como anunció el martes la nueva secretaria de Estado de Igualdad, Susana Camarero. También, aseguran fuentes de su departamento, se está tratando de reforzar la coordinación con el Ministerio del Interior —quien protege a las víctimas— y con el Consejo General del Poder Judicial.
Esa última parte, apunta Ángela Cerrillos, presidenta de la asociación de Mujeres Juristas Themis, es clave. Para esta abogada uno de los principales problemas en la lucha contra la violencia de género es que hay una carencia en la aplicación de la ley que cumple ahora una década. “Se deniegan infinidad de órdenes de alejamiento, se archivan decenas de denuncias por falta de pruebas... Y el efecto de desánimo que tiene esa falta de respuesta judicial es evidente. La idea de la vuelta a casa con la cabeza gacha es un elemento disuasorio importantísimo. Y eso es lo que muchas mujeres están viendo en su entorno”, dice. La autora de este texto es María R. Sahuquillo. Leer artículo completo y ver hilo de debate en elpais.com.

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