El Partido Popular de la Ribera Alta reprocha la falta de un criterio claro en el modelo de vertedero

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El partido popular de la Ribera alta reprocha que la falta de un criterio claro en el modelo de vertedero y no tomar decisiones concretas respecto al depósito comarcal este encareciendo el coste económico del servicio en todas las poblaciones incluidas en el plan zonal y que forman parte del consorcio Ribera-Valldigna.
Uno de los principales temas que tenía que afrontar el nuevo gobierno del Consorcio era la construcción del vertedero aprobado con anterioridad. Un proyecto al cual se han opuesto los partidos que ahora ostentan el gobierno, PSPV y Compromís, y que se encuentra en manos de la decisión de la Generalitat que tiene que decidir sobre la autorización medioambiental.
Es el propio presidente del consorcio el que  recordó que la ausencia de esta infraestructura está teniendo un coste de 2,7 millones de euros anuales «sólo en transporte» a distribuir entre todas las poblaciones del ámbito del consorcio. Los mismos que hoy ostentan la responsabilidad de gobierno en el Consorcio de residuos Ribera-Valldigna son los que pusieron todo tipo de trabas contra el anterior emplazamiento previsto para no llegar a alcanzar el consenso deseado y contribuyendo a la caótica situación actual, que está repercutiendo negativamente en la economía de los usuarios incrementando de forma alarmante la tasa de residuos.
El presidente del consorcio, Salvador Montaña, ha pedido responsabilidad, de la que tanto Compromis como PSPV no hicieron gala, a los representantes municipales ya que la construcción del vertedero es necesaria para cumplir con la normativa europea que señala que a partir de 2020 se sancionará a los países que no cumplan en materia de residuos.
El plazo establecido para dar una respuesta al Consorcio para albergar el vertedero comarcal finalizaba el 31 de Enero, y tan sólo la localidad de Tous ha respondido afirmativamente a la posible instalación del vertedero en su término, mientras que Guadassuar, población del presidente del Consorcio dejó la puerta abierta condicionada a una consulta vecinal ya fuera del plazo establecido, consulta posterior a una asamblea informativa que realizó en su municipio el 25 de Abril, incumpliendo todos los plazos que él mismo como presidente del Consorcio estableció.
Es en el mismo mes de Abril cuando el PSPV como socio de gobierno en el consorcio pide aplazar el acuerdo de la ubicación del vertedero a la próxima legislatura dado que durante una legislatura no han tenido claro el modelo de depósito, reivindicando en estos momentos la construcción de microvertederos con un coste mucho más elevado para los usuarios. Una gestión ineficaz y obsoleta la que han llevado a cabo que está costando anualmente 2,7 millones de euros a las poblaciones del ámbito del consorcio Ribera-Valldigna

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