En un solo año las empresas del IBEX35 incrementaron el número de filiales en paraísos fiscales en un 44%, pasando de 561 en 2012 a 810 en 2013. Los flujos hacia paraísos fiscales suponen ya el 24% del total de las inversiones de nuestro país en el extranjero y más del 26% de la inversión que realizan las grandes empresas fuera de nuestras fronteras son préstamos entre filiales del propio grupo. Este incremento de la actividad en territorios opacos y de baja tributación contrasta con los datos de recaudación del impuesto de sociedades que entre 2007 y 2014 cayó un 56% suponiendo una reducción de 25.000 millones de euros, suficiente para duplicar las prestaciones de desempleo de este año. Durante ese mismo período de tiempo, la población española en riesgo de pobreza y exclusión creció en dos millones, pasando del 23,3% de la población en 2007 al 27,3% en 2013. Estos son sólo algunos de los datos contenidos en el informe “La ilusión fiscal” que Oxfam Intermón lanza hoy y que está basado en una investigación de dos años sobre la tributación de las empresas del IBEX35 a partir de la información que éstas hacen pública.
El informe, que subraya la responsabilidad de los gobiernos en la lucha contra la evasión y la elusión,  detalla el maremágnum de vericuetos fiscales por el que algunas empresas optan para ocultar sus beneficios y reducir al mínimo su contribución fiscal, lo que tiene tremendas consecuencias sobre las arcas de los Estados y sobre la ciudadanía que ve como retroceden los derechos sociales. Según la Agencia Tributaria, el tipo efectivo de las grandes empresas en España es del 5,3% (en lugar del 30% nominal que les hubiera correspondido hasta ahora), mientras las pymes pagan un 16% sobre su resultado contable. Si las grandes empresas hubieran pagado al menos tanto como las pymes, se hubieran recaudado 8.227 millones de euros más, suficiente para financiar 6 veces el presupuesto de dependencia para todos las personas que lo necesitan (1,2 millones).
“Que sea legal, no significa que sea moral. En la mayoría de los casos las empresas no están cometiendo ilegalidades, sino utilizando mecanismos que están a su alcance para no pagar impuestos. Pero no es posible seguir hablando de la responsabilidad social sin tener en cuenta su responsabilidad fiscal. Es uno de los impactos más claros y directos de la actuación de una empresa allí donde opera, y la expresión más directa de su compromiso con la sociedad”, afirma Jaime Atienza, director del departamento de campañas y ciudadanía de Oxfam Intermón.
 
Los países en desarrollo, los más perjudicados
El informe resalta que si bien el sistema fiscal internacional es un verdadero coladero por el que se fugan recursos vitales para todos los países, el coste es particularmente sangrante para los países en desarrollo. Según cálculos conservadores de Oxfam los países en desarrollo pierden cada año cerca de 100.000 millones de dólares por abusos fiscales de grandes transnacionales, cifra suficiente para garantizar la escolarización de todos los niños del mundo.
Las salidas de flujos financieros ilícitos, principalmente por los abusos de las grandes empresas, han tenido como consecuencia que África haya perdido cerca de 1,8 billones de dólares entre 1997 y 2008 y continúe dejando de ingresar unos 50.000 millones cada año. Chad, uno de los países más pobres del continente pierde anualmente el equivalente al 20% de su Producto Interior Bruto. Esto implica que en las condiciones actuales tardará 104 años en alcanzar el objetivo de reducción de la mortalidad infantil en dos terceras partes, tiempo que se reduciría a 12 años sin el lastre que suponen los flujos ilícitos de capitales.
La recaudación que podría generarse por gravar los rendimientos de capital que los ricos latinoamericanos esconden en paraísos fiscales, sería más que suficiente para que 32 millones de latinoamericanos salieran de la pobreza monetaria. Es decir, todas las personas que viven en pobreza en Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú juntos.
“Las artimañas fiscales cuestan vidas y suponen una pérdida del bienestar social para la mayoría de las personas del mundo. La evasión y elusión fiscal es un problema sistémico y por tanto necesita soluciones globales. Los gobiernos tienen la obligación de promover una reforma del sistema fiscal internacional de más largo alcance que la puesta sobre la mesa por la OCDE y el G20, que no refleja una participación democrática de todos los países en su diseño, y deja fuera cuestiones vitales que afectan principalmente a las economías menos avanzadas”, afirma Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal en Oxfam Intermón.
“Los líderes mundiales no pueden plegarse ante los intereses de algunos grandes países o colosos empresariales, deben dejar a un lado los discursos de buena voluntad y construir de una vez por todas un sistema fiscal internacional más justo. No nos podemos conformar sólo con defender las políticas de cooperación. También es vital corregir las deficiencias de los sistemas fiscales nacionales que privan a los países de los recursos que genuinamente les corresponden”, concluye Ruiz.
 
Una Ley contra la Evasión Fiscal
Con este fin, Oxfam Intermón lanza una petición para que los partidos políticos que concurran a las próximas elecciones incorporen en sus programas electorales la puesta en marcha de una Ley Contra la Evasión Fiscal, que ayude a generar ingresos para todas las personas y que garantice financiación para las políticas públicas como la sanidad, la educación, la protección social  y la cooperación. Esta ley tiene que contribuir a cerrar todos los resquicios de la elusión fiscal.
Esta petición será parte, también, de una campaña global de Oxfam que impulsa la celebración de una Cumbre Fiscal Mundial en Etiopía el próximo mes de julio auspiciada por Naciones Unidas, en el marco de las terceras negociaciones de financiación del desarrollo. Sin representatividad en igualdad de condiciones no se podrá avanzar.