Según ha afirmado el juez Ruz, ha quedado completamente acreditada la existencia de la financiación ilegal del PP, así como la asignación de sobresueldos a miembros del partido (los famosos sobres de Bárcenas), pero no olvidemos que estamos en fase de instrucción y donde habrá que acreditarlo es en el juicio.
Hace solo dos meses María Dolores de Cospedal afirmaba con rotundidad: «Si hay una caja B, no es del PP, sino de la persona que la llevaba». Está claro que el juez pone en duda esta afirmación.
Los sobres del PP y la financiación ilegal… ni están todos los que son ni, posiblemente, sean todos los que están.
 
Lo que dice Ruz
Que desde 1990 hasta el 2008 el PP se estuvo beneficiando de distintas fuentes «ajenas al circuito económico legal».
Existen corrientes financieras «al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B. Estas sumas no se integraron ni en los libros contables ni fueron declaradas a la Hacienda Pública».
También habla de los sobres: «El pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido; a gastos generados en campañas electorales; y a distintos servicios y gastos en beneficio del partido o relacionados con su actividad. Así como a integrar el saldo de las cuentas de donativos anónimos y nominativos del partido».
Y de los donantes registrados en la contabilidad paralela: «Habiendo resultado todas ellas adjudicatarias de contratos por Administraciones Públicas gobernadas por el PP durante el periodo temporal comprendido entre 2002 y 2009».
Quiere procesar a un total de seis personas, tres del PP (Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez) y tres de la empresa encargada de la reforma: Álvaro Urquijo, Belén García y la empleada Laura Montero.
Imputa delito contra la Hacienda Pública a Unifica por el Impuesto de Sociedades del 2007 y el IVA del 2010, y al PP por el impuesto de sociedades de 2008 por no haber presuntamente declarado las donaciones del ejercicio.
A Bárcenas y a Lapuerta les imputa delitos de apropiación indebida y a los responsables de la empresa Unifica, un delito de falsedad documental.
En cualquier caso esto es lo que dice el juez instructor y no todas las conclusiones parecen del todo plausibles, así que habrá que esperar al juicio para ver en qué termina todo esto. Habrá que matizar muchas cosas.
Quizá (y eso ya no tiene vuelta atrás en el juicio) lo que más llama la atención es la ausencia de ciertos imputados. * Ramon Cerdá es colaborador de El Seis Doble. Su espacio, aquí.
* Ramón Cerdá es autor del blog "El blog de Ramón".