Una denúncia interposada per Units per Carcaixent farà que Salvador Ferrer (PP) siga investigat per presumpta malversació

“Units per Carcaixent, continuarà denunciant totes les decisions polítiques que causen perjudici als ciutadans i les portarà a la fiscalia”

 

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alzira ha citado a declarar en calidad de investigado al edil del PP de Carcaixent, Salvador Ferrer. Se investiga su presunta participación en un delito de malversación de fondos públicos. Ferrer declarará el 21 de octubre de 2020. La juez admite el recurso del concejal de Units per Carcaixent, Ana Calatayud, a la vista del informe del fiscal.
El proceso se remonta a 2013 cuando una denuncia de Calatayud ante la fiscalía de área de Alzira ya apuntaba posibles irregularidades en el pago de facturas con dinero público al letrado Salvador Ferrer (hoy concejal) por la defensa en procesos judiciales de la exalcaldesa Lola Botella y de diversos funcionarios.
En tres años, 2007-2010, Ferrer llegó a ingresar cerca de 70.000 euros. Todas las facturas se pagaron siendo Botella alcaldesa y la mujer del abogado miembro del gobierno local como concejal, lo que suponía una incompatibilidad para la contratación de Ferrer como letrado. Desde la apertura del procedimiento judicial no ha pasado al cobro al ayuntamiento ninguna factura más.
El proceso se archivó dos veces, pero ahora se reabre después de que la Audiencia Provincial acordara continuar los autos. Sigue imputada la exalcaldesa Botella. Ya en 2014 y 2016, la Audiencia revocó el sobreseimiento, que calificó de prematuro y ordenó continuar la investigación.
Ahora, en un auto de 25 de junio, la titular del juzgado estima el recurso e indica que es posible la participación de un particular, Salvador Ferrer, en los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa a título de inductor o cooperador necesario.
Ferrer ha acudido en dos ocasiones a declarar como testigo, pero esta vez se le cita como investigado para dilucidar si tuvo algún tipo de relevancia penal en los hechos, pues se da la circunstancia de que su pareja era concejal del Ayuntamiento de Carcaixent en el momento de la contratación de numerosos servicios por lo que puede existir incompatibilidad.
La demandante, Ana Calatayud y su letrada Ana Vayá, ambas concejales de Units per Carcaixent, afirman que no se puede consentir que quién debe hacer valer la legalidad, actúe de manera fraudulenta. Aseguran que Ferrer, por su condición de abogado, era totalmente consciente de las irregularidades cometidas en la contratación de sus servicios por parte del Ayuntamiento pero las aprovechó para enriquecerse presuntamente con dinero público.
Una de las contrataciones fue la defensa de Botella por un delito electoral. Ferrer cobró 10.440 euros. También se investiga una minuta de más de 18.000 euros por la defensa de un funcionario, otra contratación que sería irregular por incompatibilidad al formar parte su mujer del gobierno local.
De las minutas pagadas a Ferrer por servicios jurídicos, la mayoría carece de expediente, no hay decreto de nombramiento de abogado ni un presupuesto o encargo profesional, sólo la factura que el Ayuntamiento de Carcaixent asumía sin ningún control interno.
Ana Calatayud afirma que nunca ha puesto en cuestión que el Ayuntamiento se hiciera cargo de la defensa de funcionarios o políticos, porque es lógico, pero sí pone en cuestión que asumir la defensa signifique que los funcionarios elijan al abogado sin ningún control, porque eso supone asumir gastos desorbitados por parte del Ayuntamiento y mucho menos que se haga sin la fiscalización y control previo debido.
Desde que Ana Calatayud ocupó el cargo de concejal en el Ayuntamiento ha realizado su labor de fiscalización del dinero público. Asegura que su partido, Units per Carcaixent, seguirá denunciando todas las decisiones políticas que causen perjuicio a los ciudadanos y las llevará a la fiscalía. Y lamenta que los concejales de la oposición, entre ellos el actual Alcalde, Paco Salom, cuando se produjeron las contrataciones irregulares no hicieran lo mismo y hayan pasado años buscando excusas para justificar su inacción durante los mandatos de Botella.